Óscar Ábrego
Hace cinco años, un 22 de noviembre, en el Periódico Oficial de El Estado de Jalisco, se publicó la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios. Se trata de una norma vigente que impulsó el partido Movimiento Ciudadano –promovida por el actual senador Clemente Castañeda Hoeflich como presidente del Poder Legislativo local- y que supuestamente tiene como premisa básica (según lo enuncia su artículo 1 en el Capítulo Primero) lo que sigue:
“Esta Ley es de orden e interés público, y tiene por objeto establecer reglas para el ahorro, gasto eficiente, racional y honesto que se deberá poner en práctica en el manejo de los recursos públicos de los sujetos regulados por la presente Ley”.
En ese tiempo yo era secretario general del extinto Cesjal, y fue justo desde las trincheras de ese organismo autónomo, al que por cierto tanto se atacó con falacias desde algunos espacios periodísticos, que se quiso dar la batalla contra la entrada en vigor de dicho mandato jurídico. ¿Por qué? Porque en realidad esta Ley escondía un propósito perverso que en su momento expliqué a algunos amigos columnistas, reporteros y directivos comerciales, pero que nadie se atrevió a denunciarlo.
Y es que la precitada Ley, en el Artículo 13, correspondiente al Capítulo III, ordena de forma textual: “Los gastos en publicidad y comunicación de los sujetos obligados, por concepto de tiempos en radio y televisión, pautas en Internet y redes sociales, así como los espacios en prensa escrita y cualquier otra erogación equivalente de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, no podrán rebasar el cero punto tres por ciento de su presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal correspondiente, con excepción de la difusión en materia de programas de protección civil, salud y seguridad pública. En el caso del Poder Ejecutivo del Estado el porcentaje señalado en el párrafo anterior se aplicará al conjunto de la Administración Pública Centralizada”.
Ya con la mira puesta en la conquista del Gobierno del Estado, con esta redacción era claro (el tiempo me dio la razón) que el quid de la construcción de un marco legal así contemplaba dos objetivos estratégicos para el alfarismo: el primero, mermar las finanzas de los medios de comunicación a través de una drástica reducción en los presupuestos destinados a la compra de publicidad institucional, con el fin de desaparecer los más que se pudiera y así disminuir la carga crítica de su gestión en caso de alcanzar la gubernatura.
El segundo -con un enfoque de negocio personal-, apropiarse de gran parte de dinero del erario destinado a gastos de promoción y difusión, a través de las empresas consultoras en comunicación INDATCOM, Euzen y La Covacha, a las que por la vía de la asignación directa, se les ha otorgado a la fecha cientos de millones de pesos, y de los que nadie conoce su uso y destino, porque en este asunto ni el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) le entra, por temor a que se le quite recursos.
Así pues, mientras que hoy vemos con pena la crisis económica por la que atraviesan algunas empresas de comunicación, en Casa Jalisco presumen el control editorial que se ejerce sobre algunos “líderes de opinión” y festejan el despido de profesionales del periodismo que no quisieron alinearse a la Refundación.
