/ viernes 27 de noviembre de 2020

El Santiago, un río pesado

La trágica composición química del agua del Río Santiago a su paso por Jalisco, ha sido ampliamente documentada, pero sobre todo por sus consecuencias sanitarias en la población. Municipios a lo largo de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico con evidentes daños se cuentan por decenas pero hacen su epicentro de contaminación en El Salto, Ocotlán y Atotonilco El Alto, aunque los pobladores de Poncitlán, Atequiza, Juanacatlán y El Salto son los que han presentado mayores vestigios de enfermedades renales y dermatológicas.

Para Enrique Lira, Presidente del Foro Socioambiental GDL y en declaración hecha al periodista Julio Cárdenas, “…la mayoría de muertes por los pueblos donde cruza el río es por cáncer, enfermedad renal y enfermedades pulmonares, y también hay nacimientos con daño fetal junto con abortos espontáneos”, señaló.

Los metales pesados de mayor presencia y que rebasan el índice permitido son el bario, cadmio y sobre todo mercurio. Sustancias identificadas por los procesos industriales diversos pero sobre todo de las textileras y peleteras que abundan a lo largo de la cuenca más grande de México.

Probablemente la identificación de los elementos químicos que han dado al traste a la población, principalmente en niños y generaciones completas de habitantes, sea más grave aún porque se sabe desde hace décadas cuando la contención de las aguas cuenca arriba, particularmente en la Presa Solís de Guanajuato, contribuyó a que la relación, solventes-agua, fuera de creciente peligrosidad hasta alcanzar consecuencias que desde entonces han sido previsibles.

Hoy sabemos, por las mediciones de la Comisión Estatal del Agua de julio de 2020 cuáles son los metales pesados que abundan en ese contaminado afluente con aluminio, fierro, manganeso y zinc, además del bario, cadmio y mercurio ya mencionados.

Sin embargo, lo más vergonzoso ha resultado comprobar que no obstante la localización e identificación de esas industrias contaminantes, ni la iniciativa privada ni los gobiernos municipales, han hecho lo conducente para detener la degradación.

El primero en responsabilidad institucional es, sin duda, el Gobierno de la República por tener bajo su responsabilidad y administración la facultad legal para determinar la política en relación al usufructo de las aguas nacionales, incluída la energía eléctrica necesaria para hacer funcionar las plantas de tratamiento de aguas residuales tan publicitadas pero, lamentablemente en la mayoría de los casos, abandonadas.

Plantas de tratamiento sin energía eléctrica por falta de recursos en los ayuntamientos se han convertido en fotografías publicitarias de los gobiernos municipales pero en una realidad demagógica lacerante.

A todo lo anterior habría que agregar la, también documentada, extracción clandestina del agua a lo largo de la cuenca y sólo para proveer, de manera ostensiblemente barata, de agua para el negocio de la agroproducción bajo la falsa versión de que la mayor parte del agua potable es consumida por las poblaciones urbanas.

Lo cual parece ser una transmisión de la responsabilidad, pues al final el agudo problema no se resuelve sólo con el uso racional y la reconversión tecnológica, sino con el tratamiento de todo tipo de aguas que alimentan a la cuenca más rica del país, aún cuando el epicentro de su pesada contaminación se encuentre en El Salto y en Poncitlán, según los penosos reportes sanitarios de sus habitantes.

* Académico del CUAAD de la Universidad de Guadalajara

carlosm_orozco@hotmail.com

**** FRASE

El primero en responsabilidad institucional es, sin duda, el Gobierno de la República por tener bajo su responsabilidad y administración la facultad legal para determinar la política en relación al usufructo de las aguas nacionales, incluída la energía eléctrica necesaria para hacer funcionar las plantas de tratamiento de aguas residuales tan publicitadas pero, lamentablemente en la mayoría de los casos, abandonadas.

La trágica composición química del agua del Río Santiago a su paso por Jalisco, ha sido ampliamente documentada, pero sobre todo por sus consecuencias sanitarias en la población. Municipios a lo largo de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico con evidentes daños se cuentan por decenas pero hacen su epicentro de contaminación en El Salto, Ocotlán y Atotonilco El Alto, aunque los pobladores de Poncitlán, Atequiza, Juanacatlán y El Salto son los que han presentado mayores vestigios de enfermedades renales y dermatológicas.

Para Enrique Lira, Presidente del Foro Socioambiental GDL y en declaración hecha al periodista Julio Cárdenas, “…la mayoría de muertes por los pueblos donde cruza el río es por cáncer, enfermedad renal y enfermedades pulmonares, y también hay nacimientos con daño fetal junto con abortos espontáneos”, señaló.

Los metales pesados de mayor presencia y que rebasan el índice permitido son el bario, cadmio y sobre todo mercurio. Sustancias identificadas por los procesos industriales diversos pero sobre todo de las textileras y peleteras que abundan a lo largo de la cuenca más grande de México.

Probablemente la identificación de los elementos químicos que han dado al traste a la población, principalmente en niños y generaciones completas de habitantes, sea más grave aún porque se sabe desde hace décadas cuando la contención de las aguas cuenca arriba, particularmente en la Presa Solís de Guanajuato, contribuyó a que la relación, solventes-agua, fuera de creciente peligrosidad hasta alcanzar consecuencias que desde entonces han sido previsibles.

Hoy sabemos, por las mediciones de la Comisión Estatal del Agua de julio de 2020 cuáles son los metales pesados que abundan en ese contaminado afluente con aluminio, fierro, manganeso y zinc, además del bario, cadmio y mercurio ya mencionados.

Sin embargo, lo más vergonzoso ha resultado comprobar que no obstante la localización e identificación de esas industrias contaminantes, ni la iniciativa privada ni los gobiernos municipales, han hecho lo conducente para detener la degradación.

El primero en responsabilidad institucional es, sin duda, el Gobierno de la República por tener bajo su responsabilidad y administración la facultad legal para determinar la política en relación al usufructo de las aguas nacionales, incluída la energía eléctrica necesaria para hacer funcionar las plantas de tratamiento de aguas residuales tan publicitadas pero, lamentablemente en la mayoría de los casos, abandonadas.

Plantas de tratamiento sin energía eléctrica por falta de recursos en los ayuntamientos se han convertido en fotografías publicitarias de los gobiernos municipales pero en una realidad demagógica lacerante.

A todo lo anterior habría que agregar la, también documentada, extracción clandestina del agua a lo largo de la cuenca y sólo para proveer, de manera ostensiblemente barata, de agua para el negocio de la agroproducción bajo la falsa versión de que la mayor parte del agua potable es consumida por las poblaciones urbanas.

Lo cual parece ser una transmisión de la responsabilidad, pues al final el agudo problema no se resuelve sólo con el uso racional y la reconversión tecnológica, sino con el tratamiento de todo tipo de aguas que alimentan a la cuenca más rica del país, aún cuando el epicentro de su pesada contaminación se encuentre en El Salto y en Poncitlán, según los penosos reportes sanitarios de sus habitantes.

* Académico del CUAAD de la Universidad de Guadalajara

carlosm_orozco@hotmail.com

**** FRASE

El primero en responsabilidad institucional es, sin duda, el Gobierno de la República por tener bajo su responsabilidad y administración la facultad legal para determinar la política en relación al usufructo de las aguas nacionales, incluída la energía eléctrica necesaria para hacer funcionar las plantas de tratamiento de aguas residuales tan publicitadas pero, lamentablemente en la mayoría de los casos, abandonadas.