/ lunes 15 de agosto de 2022

El populismo fiscal del Gobierno mexicano

La falta de recursos económicos para atender el universo de demandas sociales siempre será un reto para todos los gobiernos pues pareciera ser que el dinero público siempre será limitado frente a las necesidades poblacionales.

Frente al dilema público de atender con recursos limitados las necesidades, aparentemente, ilimitadas, los gobiernos deben actuar con mucha prudencia, pero sobre todo talento, para garantizar un sano equilibrio entre la atención eficiente de las necesidades prioritarias garantizando unas finanzas públicas sanas.

Es por ello que llama mucho la atención en los últimos días las medidas de “Pobreza franciscana” del Presidente López Obrador como un recurso populista para garantizar -según su lógica- más recursos para las personas más necesitadas.

En pocas palabras, el populismo es el planteamiento de soluciones fáciles a problemas complejos y eso es precisamente lo que hace el Presidente López Obrador cuando habla de las políticas del ejercicio del gasto como cabeza de la administración pública federal.

El Presidente habla mucho de la reducción de viáticos y viajes en el extranjero, como medidas de ahorro en el gasto público, pero poco dice sobre el control del ejercicio del gasto en aspectos verdaderamente preocupantes como las irregularidades en la compra de más 1 millón de mascarillas por el INSABI, por un monto superior a los 40 millones durante la pandemia que no se tiene certeza de que fueran recibidas; las aclaraciones pendientes por más de 1,600 millones en pagos por la compra de 2,250 ventiladores señalados de las cuales da cuenta la Auditoría Superior de la Federación en el Informe General de la cuenta pública 2020.


El Gobierno mexicano recurre al populismo fiscal cuando insiste en recortar gastos operativos, pero nada dice de los más de 650 millones adjudicados en 2021 por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la adquisición de bienes y servicios, según consta en la Plataforma Nacional de Transparencia, en los que no se transparentan los mecanismos de vigilancia y supervisión de contratos en prácticamente la cuarta parte los casos.

Si el Gobierno de López Obrador busca la eficiencia en el gasto público para atender con mayor amplitud las demandas sociales, necesariamente deberá poner orden en rubros más preocupantes como las adquisiciones de bienes y servicios y en la eficiencia en el ejercicio del gasto público de parte de su gobierno.

Desde la bancada del PAN en la Cámara de Diputados buscaremos, en la construcción del presupuesto de egresos del próximo 2023, que el Gobierno de México materialice un compromiso institucional en el ejercicio eficiente, transparente y honesto del gasto público, algo más eficaz que los recursos populistas fiscales que hasta ahora ha anunciado.

La falta de recursos económicos para atender el universo de demandas sociales siempre será un reto para todos los gobiernos pues pareciera ser que el dinero público siempre será limitado frente a las necesidades poblacionales.

Frente al dilema público de atender con recursos limitados las necesidades, aparentemente, ilimitadas, los gobiernos deben actuar con mucha prudencia, pero sobre todo talento, para garantizar un sano equilibrio entre la atención eficiente de las necesidades prioritarias garantizando unas finanzas públicas sanas.

Es por ello que llama mucho la atención en los últimos días las medidas de “Pobreza franciscana” del Presidente López Obrador como un recurso populista para garantizar -según su lógica- más recursos para las personas más necesitadas.

En pocas palabras, el populismo es el planteamiento de soluciones fáciles a problemas complejos y eso es precisamente lo que hace el Presidente López Obrador cuando habla de las políticas del ejercicio del gasto como cabeza de la administración pública federal.

El Presidente habla mucho de la reducción de viáticos y viajes en el extranjero, como medidas de ahorro en el gasto público, pero poco dice sobre el control del ejercicio del gasto en aspectos verdaderamente preocupantes como las irregularidades en la compra de más 1 millón de mascarillas por el INSABI, por un monto superior a los 40 millones durante la pandemia que no se tiene certeza de que fueran recibidas; las aclaraciones pendientes por más de 1,600 millones en pagos por la compra de 2,250 ventiladores señalados de las cuales da cuenta la Auditoría Superior de la Federación en el Informe General de la cuenta pública 2020.


El Gobierno mexicano recurre al populismo fiscal cuando insiste en recortar gastos operativos, pero nada dice de los más de 650 millones adjudicados en 2021 por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la adquisición de bienes y servicios, según consta en la Plataforma Nacional de Transparencia, en los que no se transparentan los mecanismos de vigilancia y supervisión de contratos en prácticamente la cuarta parte los casos.

Si el Gobierno de López Obrador busca la eficiencia en el gasto público para atender con mayor amplitud las demandas sociales, necesariamente deberá poner orden en rubros más preocupantes como las adquisiciones de bienes y servicios y en la eficiencia en el ejercicio del gasto público de parte de su gobierno.

Desde la bancada del PAN en la Cámara de Diputados buscaremos, en la construcción del presupuesto de egresos del próximo 2023, que el Gobierno de México materialice un compromiso institucional en el ejercicio eficiente, transparente y honesto del gasto público, algo más eficaz que los recursos populistas fiscales que hasta ahora ha anunciado.