/ jueves 22 de abril de 2021

El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Crear un problema para solucionar otro

Arturo Villarreal Palos *

El pasado 16 de abril del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el cual es una base de datos que -de acuerdo a la reforma legal- “tiene por objeto colaborar con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia en asuntos relacionados con la comisión de delitos en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables”.

Al hacer referencia a que el padrón mencionado contendrá datos biométricos de los usuarios, inmediatamente surgió la preocupación ciudadana sobre la seguridad de la base de datos que se pretende crear, al recordar que el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT), que se creó, con idéntico propósito, en el sexenio de Felipe Calderón, terminó siendo ofrecido libremente en internet por 500 pesos, lo que llevó a que, en 2012, el entonces IFAI ordenara la cancelación de estos registros.

Contra los amparos y la suspensiones que algunos ciudadanos han estado promoviendo contra el nuevo padrón, el gobierno federal ha respondido, como suele hacerlo, con alegatos emocionales y no con argumentos jurídicos, como, por ejemplo, que quienes los promueven están a favor de “un modelos de negocios” y no de un “modelo de seguridad”.

Escuché recientemente una entrevista realizada al Subsecretario de Seguridad Ciudadadana, Ricardo Mejía Berdeja, en la que defiende la necesidad del padrón, ya que en la telefonía de prepago es imposible identificar al usuario, lo que facilita la comisión de innumerables ilícitos; agregando que, respecto a los datos biométricos, a su consideración bastaría con la huella dactilar, lo que habría de determinar el Instituto Federal de Telecomunicaciones, responsable final de la base de datos. Para la tranquilidad ciudadana el Subsecretario recordó que el IFETEL es un órgano autónomo y que también existe otro órgano autónomo, el INAI, para proteger los datos de los usuarios, lo que de paso nos hace ver la importancia de este tipo de órganos tan mal vistos por el gobierno de la República.

Concuerdo en la necesidad de identificar a todos los usuarios de telefonía móvil, lo que ya se hace en las líneas de postpago y las fijas y también coincido en que ello puede ayudar a disminuir la comisión de delitos donde interviene la telefonía, aunque claro la delincuencia siempre encontrará una forma de salir bien librada con el uso de nuevas tecnologías.

Pero si de lo que se trataba era de identificar al usuario con su huella dactilar, hubiera bastado con que se exigiera la presentación de la credencial para votar para contratar un línea telefónica y realizar un convenio con el INE para la verificación de datos -incluyendo huella dactilar- lo que se realiza en no mas de 7 segundos. Según lo informó la propia institución en 2019, en ese momento prestaba el servicio de verificación para 43 instituciones, que incluían 15 bancos, algunas compañías telefónicas, como TELCEL y AT&T, y el Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, todo ello sin vulnerar datos personales y con el debido cifrado de seguridad.

Así que debemos pensar si realmente era necesario crear un problema para solucionar otro y si no hubiera sido suficiente con tener una base sistematizada de usuarios, sin necesidad de exigir datos biométricos.

* Académico de la Universidad de Guadalajara y miembro del Observatorio de Seguridad y Justicia

Arturo Villarreal Palos *

El pasado 16 de abril del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el cual es una base de datos que -de acuerdo a la reforma legal- “tiene por objeto colaborar con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia en asuntos relacionados con la comisión de delitos en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables”.

Al hacer referencia a que el padrón mencionado contendrá datos biométricos de los usuarios, inmediatamente surgió la preocupación ciudadana sobre la seguridad de la base de datos que se pretende crear, al recordar que el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT), que se creó, con idéntico propósito, en el sexenio de Felipe Calderón, terminó siendo ofrecido libremente en internet por 500 pesos, lo que llevó a que, en 2012, el entonces IFAI ordenara la cancelación de estos registros.

Contra los amparos y la suspensiones que algunos ciudadanos han estado promoviendo contra el nuevo padrón, el gobierno federal ha respondido, como suele hacerlo, con alegatos emocionales y no con argumentos jurídicos, como, por ejemplo, que quienes los promueven están a favor de “un modelos de negocios” y no de un “modelo de seguridad”.

Escuché recientemente una entrevista realizada al Subsecretario de Seguridad Ciudadadana, Ricardo Mejía Berdeja, en la que defiende la necesidad del padrón, ya que en la telefonía de prepago es imposible identificar al usuario, lo que facilita la comisión de innumerables ilícitos; agregando que, respecto a los datos biométricos, a su consideración bastaría con la huella dactilar, lo que habría de determinar el Instituto Federal de Telecomunicaciones, responsable final de la base de datos. Para la tranquilidad ciudadana el Subsecretario recordó que el IFETEL es un órgano autónomo y que también existe otro órgano autónomo, el INAI, para proteger los datos de los usuarios, lo que de paso nos hace ver la importancia de este tipo de órganos tan mal vistos por el gobierno de la República.

Concuerdo en la necesidad de identificar a todos los usuarios de telefonía móvil, lo que ya se hace en las líneas de postpago y las fijas y también coincido en que ello puede ayudar a disminuir la comisión de delitos donde interviene la telefonía, aunque claro la delincuencia siempre encontrará una forma de salir bien librada con el uso de nuevas tecnologías.

Pero si de lo que se trataba era de identificar al usuario con su huella dactilar, hubiera bastado con que se exigiera la presentación de la credencial para votar para contratar un línea telefónica y realizar un convenio con el INE para la verificación de datos -incluyendo huella dactilar- lo que se realiza en no mas de 7 segundos. Según lo informó la propia institución en 2019, en ese momento prestaba el servicio de verificación para 43 instituciones, que incluían 15 bancos, algunas compañías telefónicas, como TELCEL y AT&T, y el Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, todo ello sin vulnerar datos personales y con el debido cifrado de seguridad.

Así que debemos pensar si realmente era necesario crear un problema para solucionar otro y si no hubiera sido suficiente con tener una base sistematizada de usuarios, sin necesidad de exigir datos biométricos.

* Académico de la Universidad de Guadalajara y miembro del Observatorio de Seguridad y Justicia