Ernesto Díaz Martínez
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el próximo primero de diciembre tomará posesión del cargo de presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en un país donde la población tomó a su proyecto como vía para salir de una historia ciertamente dominada por la corrupción oficial causa de los pactos de impunidad para los de arriba, en medio de una real antidemocracia que se documenta en términos de simulación y fraudes.
Además, en los terrenos de la impunidad en el ámbito del llamado sistema de justicia, México acaba de conseguir el deshonroso cuarto lugar a nivel mundial y el número uno en el continente americano con un 99.3 por ciento en ese rubro. Esto según informó recientemente el coordinador del Índice Global de Impunidad México 2018, según el cual por cada 100 delitos que se cometen se denuncian sólo 4 ó 5, de los cuales se estima que sólo un 12 por ciento llega a un tipo de investigación con resolución favorable o contra el denunciante…
A partir de tales resultados es como se llega a la conclusión de que la impunidad para los delitos alcanza el 99.3 por ciento.
Lo anterior no escapa al modo como se vienen haciendo las cosas en México a partir del gobierno y en nombre del pueblo y la justicia. De eso hablan algunas de las debilidades del llamado Nuevo Sistema de Justicia Penal y su reforma constitucional del año 2008.
Para empezar, desde el gobierno y en nombre de la citada reforma, se destinaron cuantiosos recursos para la capacitación del nuevo sistema. De ahí resulta el sectarismo que trajo como consecuencia una capacitación selectiva para gusto de unos cuantos privilegiados de unos cuantos ligados al poder que se convirtieron en “supuestas luminarias” y capacitadores caros que luego lucraron con los conocimientos o cobrando mucho por los cursos o consiguiendo importantes puestos en la estructura del nuevo sistema…
En contraste, una gran mayoría de abogados y estudiantes excluidos de la capacitación, sobre todo de calidad...
Por otra parte, una gran cantidad de funcionarios que ya operaban el sistema anterior y familiares y amigos de los políticos y de la alta burocracia terminaron acomodaron o ratificaron a los suyos para ocupar lo disponible de puestos y oportunidades para operar el dizque nuevo sistema. O sea, el mismo sistema de acomodo de amigos y familiares o el pago de favores de diversa índole como si la justicia fuera un juego o un lujo para “los elegidos”.
Tal vez por eso, las cuentas no sean halagüeñas para la población. Tal vez por eso el gran pueblo tendrá que seguir lidiando con algunos funcionarios de las instituciones oficiales de procuración e impartición de justicia coludidos para culpar inocentes, exonerar culpables, dejar de investigar o provocar la doble o triple victimización de personas ofendidas en sus derechos humanos.
Seguramente por eso una gran mayoría de mexicanos no denuncia y ese fenómeno que significa una forma de desconfianza o de rebeldía contra el modo como algunos desde el gobierno agravian a nuestra gente, para otros desde lo más alto del poder, significa menos trabajo, más oportunidad para ejercer la corrupción y así propiciar la maldita impunidad afrenta del mal gobierno y carga para el gran pueblo mexicano.
