/ miércoles 1 de junio de 2022

El inicio de la batalla por el presupuesto 2023


Miguel Ángel Monraz Ibarra*

Estamos por llegar a la mitad del 2022 y con ello, desde la Cámara de Diputados y Diputadas, daremos inicio al desahogo de una agenda política muy importante que contiene el análisis y discusión de la propuesta de paquete económico y miscelanea fiscal que presentará el Presidente López Obrador para el año 2023.

Concretamente, el paquete económico y miscelánea fiscal son el conjunto de propuestas que cada año envía el Presidente al Poder Legislativo, para determinar cómo y de dónde obtendrá ingresos públicos y para qué los usará.

Las propuestas de ingresos y gastos públicos que el Presidente envía al Poder Legislativo son analizadas, discutidas y votadas por éste, dando como resultado la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, y reformas al Código Fiscal de la Federación y leyes del Impuesto al Valor Agregado, del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.

El proceso de construcción del paquete económico y miscelánea fiscal inicia desde abril, cuando el Presidente entrega al Poder Legislativo un documento conocido como los “Pre Criterios del Paquete Económico” en el que señala los objetivos de los ingresos y gastos púbicos, escenarios económicos internacionales para el siguiente año, así como los programas prioritarios del Gobierno y sus montos.

Este documento fue presentado por el Presidente el pasado primero de abril al Poder Legislativo y la información contenida ahí es poco prometedora para el 2023. En principio, el Presidente nada dice sobre programas olvidados durante los últimos años por el gobierno como es la atención de enfermedades catastróficas, como el cáncer, principalmente en niñas, niños y adolescentes.

En los programas prioritarios del Gobierno Federal para el 2023, vemos la intención presidencial de asignar más de 445 mil millones de pesos en programas que otorgan apoyo monetario por parte del Gobierno, una situación que resulta preocupante -no por el apoyo a las personas que así lo requieren- sino por el uso electoral que desde Palacio Nacional se le ha dado a estos recursos desde que comenzó el presente sexenio.

Sumado a lo anterior, encontramos la intención de asignar 65 mil 414 millones al Tren Maya, 2 mil 500 millones más que para este 2022 y casi 15 mil millones para la construcción, reconstrucción y conservación de carreteras, proyectos que- tal y como se advierte del documento enviado por el Presidente- serán asignados en su mayoría a zonas del país, afines políticamente al Gobierno, dejando de lado a muchos estados políticamente opositores al partido en el poder, tal y como ha sucedido durante los últimos cuatro años.

Desde el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de las y los Diputados insistiremos que en la construcción del presupuesto para el próximo 2023 se asignen de manera adecuada los recursos económicos para beneficio de las familias mexicanas, y no para impulsar proyectos electorales o fortalecer el botín económico de los actores cercanos al régimen de gobierno.


Miguel Ángel Monraz Ibarra*

Estamos por llegar a la mitad del 2022 y con ello, desde la Cámara de Diputados y Diputadas, daremos inicio al desahogo de una agenda política muy importante que contiene el análisis y discusión de la propuesta de paquete económico y miscelanea fiscal que presentará el Presidente López Obrador para el año 2023.

Concretamente, el paquete económico y miscelánea fiscal son el conjunto de propuestas que cada año envía el Presidente al Poder Legislativo, para determinar cómo y de dónde obtendrá ingresos públicos y para qué los usará.

Las propuestas de ingresos y gastos públicos que el Presidente envía al Poder Legislativo son analizadas, discutidas y votadas por éste, dando como resultado la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, y reformas al Código Fiscal de la Federación y leyes del Impuesto al Valor Agregado, del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.

El proceso de construcción del paquete económico y miscelánea fiscal inicia desde abril, cuando el Presidente entrega al Poder Legislativo un documento conocido como los “Pre Criterios del Paquete Económico” en el que señala los objetivos de los ingresos y gastos púbicos, escenarios económicos internacionales para el siguiente año, así como los programas prioritarios del Gobierno y sus montos.

Este documento fue presentado por el Presidente el pasado primero de abril al Poder Legislativo y la información contenida ahí es poco prometedora para el 2023. En principio, el Presidente nada dice sobre programas olvidados durante los últimos años por el gobierno como es la atención de enfermedades catastróficas, como el cáncer, principalmente en niñas, niños y adolescentes.

En los programas prioritarios del Gobierno Federal para el 2023, vemos la intención presidencial de asignar más de 445 mil millones de pesos en programas que otorgan apoyo monetario por parte del Gobierno, una situación que resulta preocupante -no por el apoyo a las personas que así lo requieren- sino por el uso electoral que desde Palacio Nacional se le ha dado a estos recursos desde que comenzó el presente sexenio.

Sumado a lo anterior, encontramos la intención de asignar 65 mil 414 millones al Tren Maya, 2 mil 500 millones más que para este 2022 y casi 15 mil millones para la construcción, reconstrucción y conservación de carreteras, proyectos que- tal y como se advierte del documento enviado por el Presidente- serán asignados en su mayoría a zonas del país, afines políticamente al Gobierno, dejando de lado a muchos estados políticamente opositores al partido en el poder, tal y como ha sucedido durante los últimos cuatro años.

Desde el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de las y los Diputados insistiremos que en la construcción del presupuesto para el próximo 2023 se asignen de manera adecuada los recursos económicos para beneficio de las familias mexicanas, y no para impulsar proyectos electorales o fortalecer el botín económico de los actores cercanos al régimen de gobierno.