Enrique Velázquez González

  / viernes 4 de octubre de 2019

El fuero, ¿fuera?

La figura del fuero en nuestro país se encuentra explícita desde la promulgación de nuestra Constitución de 1917, el hecho que motivó a incorporarlo en nuestra Carta Magna tiene que ver con la aprehensión y asesinato de Belisario Domínguez en 1913 por haber sido un claro detractor del gobierno golpista de Victoriano Huerta. Este instrumento tiene un claro objetivo: evitar la persecución política, los abusos entre esferas de poder y proteger la libertad de expresión. Y aunque con el paso de las décadas se ha transgredido, hoy no podemos justificar su eliminación por temas políticos-electorales.

En 2016 el Congreso del Estado llevo a cabo una serie de reformas que derivaron en la suspensión del fuero para más de mil quinientos funcionarios de los diferentes poderes y órdenes de gobierno de Jalisco. Desde entonces el poder judicial de nuestro estado presentó una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual tuvo resolución el pasado 24 de septiembre y en la que se invalidó dicha reforma que devuelve esta protección únicamente a jueces, magistrados y consejeros locales.

El fuero es uno de los privilegios de la clase política que más se ha discutido en los últimos años, sobre todo, porque a los ojos de los ciudadanos su eliminación significaría un paso importante contra la impunidad y el combate a la corrupción. Sin embargo, en el afán de preservar la autonomía de los poderes es indispensable que no solo jueces, magistrados y consejeros continúen teniendo este privilegio, también debería ser un derecho para quienes representan la oposición al gobierno en turno. Sin certidumbre y garantías de que no habrá represalias por señalar discrepancias frente a otro poder del Estado estamos desprotegiendo la libertad de expresión y la vida de cualquier persona.

Lo primero que debemos garantizar para (re)construir en Jalisco un Poder Judicial eficaz, que responda al interés general y que garantice imparcialidad en el ejercicio de sus funciones es respetar la división de poderes y la inamovilidad judicial como principios que les otorguen certeza, estabilidad, independencia y autonomía de su función. La suspensión de esta figura, sin conceder otra herramienta o instrumento que garantice lo que hoy significa el fuero no es la salida correcta. Nuestro deber es legislar y regular acciones e inacciones frente a los otros poderes, pero siempre con estricto apego a los Derechos Humanos y a los principios Constitucionales.

La figura del fuero en nuestro país se encuentra explícita desde la promulgación de nuestra Constitución de 1917, el hecho que motivó a incorporarlo en nuestra Carta Magna tiene que ver con la aprehensión y asesinato de Belisario Domínguez en 1913 por haber sido un claro detractor del gobierno golpista de Victoriano Huerta. Este instrumento tiene un claro objetivo: evitar la persecución política, los abusos entre esferas de poder y proteger la libertad de expresión. Y aunque con el paso de las décadas se ha transgredido, hoy no podemos justificar su eliminación por temas políticos-electorales.

En 2016 el Congreso del Estado llevo a cabo una serie de reformas que derivaron en la suspensión del fuero para más de mil quinientos funcionarios de los diferentes poderes y órdenes de gobierno de Jalisco. Desde entonces el poder judicial de nuestro estado presentó una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual tuvo resolución el pasado 24 de septiembre y en la que se invalidó dicha reforma que devuelve esta protección únicamente a jueces, magistrados y consejeros locales.

El fuero es uno de los privilegios de la clase política que más se ha discutido en los últimos años, sobre todo, porque a los ojos de los ciudadanos su eliminación significaría un paso importante contra la impunidad y el combate a la corrupción. Sin embargo, en el afán de preservar la autonomía de los poderes es indispensable que no solo jueces, magistrados y consejeros continúen teniendo este privilegio, también debería ser un derecho para quienes representan la oposición al gobierno en turno. Sin certidumbre y garantías de que no habrá represalias por señalar discrepancias frente a otro poder del Estado estamos desprotegiendo la libertad de expresión y la vida de cualquier persona.

Lo primero que debemos garantizar para (re)construir en Jalisco un Poder Judicial eficaz, que responda al interés general y que garantice imparcialidad en el ejercicio de sus funciones es respetar la división de poderes y la inamovilidad judicial como principios que les otorguen certeza, estabilidad, independencia y autonomía de su función. La suspensión de esta figura, sin conceder otra herramienta o instrumento que garantice lo que hoy significa el fuero no es la salida correcta. Nuestro deber es legislar y regular acciones e inacciones frente a los otros poderes, pero siempre con estricto apego a los Derechos Humanos y a los principios Constitucionales.

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