/ martes 21 de enero de 2020

El estado laico en peligro

Se da el nombre de Renacimiento al movimiento cultural que se produce en Europa Occidental en los siglos XV y XVI. Es en ese periodo, justamente, cuando surge la separación Estado-Iglesia, un principio que, de acuerdo con Bernardo Barranco, se consolida en la Ilustración, y al que en México la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos califica como “principio histórico”, razón por la cual debe ser preservado inalterable.

A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado en contra de la iniciativa de la senadora Soledad Luevano Cantú, afirmando que “desde Presidencia no está contemplada esa iniciativa”, los legisladores de los partidos políticos que apoyan a la legisladora, así como algunos grupos religiosos partidarios de la misma, siguen adelante con dicha iniciativa, atentatoria contra él Estado laico.

Los mexicanos están en su derecho de apoyar la iniciativa, tal como en su momento lo hiciera el Jefe del Ejecutivo Federal, quien señaló en una de sus conferencias matutinas que la iniciativa de la legisladora morenista fue presentada a título personal.

En lo personal coincido totalmente con el primer mandatario de la nación, así como con aquellos expertos en laicidad que han señalado que la iniciativa de la senadora zacatecana es regresiva y perjudicial para la laicidad, un principio que en México se ha constituido en el garante de muchas libertades, entre ellas la de religión, conciencia y convicciones éticas, consagradas hoy por hoy en el artículo 24 constitucional.

Para entender el daño que la iniciativa en cuestión ocasionaría al Estado laico y, en consecuencia, al conjunto de libertades que de él emanan, es necesario tener presente que, por más de un siglo, la separación entre el Estado y la Iglesia ha representado un antecedente de laicidad importante en nuestra nación, la cual comenzó a ser religiosamente plural desde que Benito Juárez promulgara la Ley sobre Libertad de Cultos, cuyo artículo primero establecía: “Las leyes protegen el ejercicio del culto católico y de los demás que se establezcan en el país, como la expresión y efecto de la libertad religiosa, que siendo un derecho natural del hombre, no tiene ni puede tener más límites que el derecho de tercero y las exigencias del orden público. En todo lo demás la independencia entre el Estado por una parte, y las creencias y prácticas religiosas por otra, y es y será perfecta é inviolable...”.

Aprovechemos la ocasión para hacer valer la claridad y contundencia de nuestras leyes patrias en materia de laicidad y de separación del Estado y las Iglesias; la Constitución, por ejemplo, define a México en su artículo 40 como una República laica, en tanto que el artículo 130 establece que política y religión deben permanecer separadas.

Es obligado dar la lucha con firmeza en estos momentos en que el Estado laico peligra por el actuar irresponsable de una clase política que parece estar más comprometida con los intereses de algunas confesiones religiosas que con los de México. Así lo demuestra el intento de eliminar el carácter laico de la educación y del Estado, así como el propósito de otorgar concesiones de radio y televisión a las iglesias.

Aprovecho la ocasión para señalar que la anterior es una vieja demanda de los altos jerarcas del catolicismo, y hoy por hoy de un grupo de iglesias de corte pentecostal que han olvidado la naturaleza apolítica de su función y existencia. Las Iglesias deben dedicarse a lo espiritual, que es lo suyo, y dejar que el Estado haga la parte que le compete en conformidad con las leyes que nos rigen.

El Estado bajo ninguna presión debe ceder a las demandas añejas de la jerarquía católica, que recientemente declaró estar a favor de la iniciativa de la senadora Luevano Cantú, esto a pesar de saber que López Obrador pidió dejar las cosas como están desde el tiempo de Benito Juárez y los hombres de su generación.

El deber del Poder Legislativo es crear leyes orientadas a fortalecer la autonomía de lo público como la autonomía de lo religioso; asimismo, debe centrar su actividad pública en lograr una legislación que brinde un trato igualitario a todas las Iglesias, independientemente del número de miembros, de su cercanía de su jerarquía con el gobierno o de la antigüedad del grupo religioso.

Lo anterior es necesario para erradicar completamente de nuestro entorno la intolerancia y discriminación religiosa, fenómenos insufribles que históricamente han ocasionado enorme dolor y grandes sufrimientos a los miembros de los grupos religiosos minoritarios.

Crear este tipo de leyes fortalecería significativamente el Estado secular, pondría fuera de peligro la educación laica y contribuiría a crear las condiciones necesarias para que los mexicanos ejerzamos a plenitud las libertades de conciencia y de religión.

Twitter: @armayacastro

Se da el nombre de Renacimiento al movimiento cultural que se produce en Europa Occidental en los siglos XV y XVI. Es en ese periodo, justamente, cuando surge la separación Estado-Iglesia, un principio que, de acuerdo con Bernardo Barranco, se consolida en la Ilustración, y al que en México la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos califica como “principio histórico”, razón por la cual debe ser preservado inalterable.

A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado en contra de la iniciativa de la senadora Soledad Luevano Cantú, afirmando que “desde Presidencia no está contemplada esa iniciativa”, los legisladores de los partidos políticos que apoyan a la legisladora, así como algunos grupos religiosos partidarios de la misma, siguen adelante con dicha iniciativa, atentatoria contra él Estado laico.

Los mexicanos están en su derecho de apoyar la iniciativa, tal como en su momento lo hiciera el Jefe del Ejecutivo Federal, quien señaló en una de sus conferencias matutinas que la iniciativa de la legisladora morenista fue presentada a título personal.

En lo personal coincido totalmente con el primer mandatario de la nación, así como con aquellos expertos en laicidad que han señalado que la iniciativa de la senadora zacatecana es regresiva y perjudicial para la laicidad, un principio que en México se ha constituido en el garante de muchas libertades, entre ellas la de religión, conciencia y convicciones éticas, consagradas hoy por hoy en el artículo 24 constitucional.

Para entender el daño que la iniciativa en cuestión ocasionaría al Estado laico y, en consecuencia, al conjunto de libertades que de él emanan, es necesario tener presente que, por más de un siglo, la separación entre el Estado y la Iglesia ha representado un antecedente de laicidad importante en nuestra nación, la cual comenzó a ser religiosamente plural desde que Benito Juárez promulgara la Ley sobre Libertad de Cultos, cuyo artículo primero establecía: “Las leyes protegen el ejercicio del culto católico y de los demás que se establezcan en el país, como la expresión y efecto de la libertad religiosa, que siendo un derecho natural del hombre, no tiene ni puede tener más límites que el derecho de tercero y las exigencias del orden público. En todo lo demás la independencia entre el Estado por una parte, y las creencias y prácticas religiosas por otra, y es y será perfecta é inviolable...”.

Aprovechemos la ocasión para hacer valer la claridad y contundencia de nuestras leyes patrias en materia de laicidad y de separación del Estado y las Iglesias; la Constitución, por ejemplo, define a México en su artículo 40 como una República laica, en tanto que el artículo 130 establece que política y religión deben permanecer separadas.

Es obligado dar la lucha con firmeza en estos momentos en que el Estado laico peligra por el actuar irresponsable de una clase política que parece estar más comprometida con los intereses de algunas confesiones religiosas que con los de México. Así lo demuestra el intento de eliminar el carácter laico de la educación y del Estado, así como el propósito de otorgar concesiones de radio y televisión a las iglesias.

Aprovecho la ocasión para señalar que la anterior es una vieja demanda de los altos jerarcas del catolicismo, y hoy por hoy de un grupo de iglesias de corte pentecostal que han olvidado la naturaleza apolítica de su función y existencia. Las Iglesias deben dedicarse a lo espiritual, que es lo suyo, y dejar que el Estado haga la parte que le compete en conformidad con las leyes que nos rigen.

El Estado bajo ninguna presión debe ceder a las demandas añejas de la jerarquía católica, que recientemente declaró estar a favor de la iniciativa de la senadora Luevano Cantú, esto a pesar de saber que López Obrador pidió dejar las cosas como están desde el tiempo de Benito Juárez y los hombres de su generación.

El deber del Poder Legislativo es crear leyes orientadas a fortalecer la autonomía de lo público como la autonomía de lo religioso; asimismo, debe centrar su actividad pública en lograr una legislación que brinde un trato igualitario a todas las Iglesias, independientemente del número de miembros, de su cercanía de su jerarquía con el gobierno o de la antigüedad del grupo religioso.

Lo anterior es necesario para erradicar completamente de nuestro entorno la intolerancia y discriminación religiosa, fenómenos insufribles que históricamente han ocasionado enorme dolor y grandes sufrimientos a los miembros de los grupos religiosos minoritarios.

Crear este tipo de leyes fortalecería significativamente el Estado secular, pondría fuera de peligro la educación laica y contribuiría a crear las condiciones necesarias para que los mexicanos ejerzamos a plenitud las libertades de conciencia y de religión.

Twitter: @armayacastro

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