/ miércoles 1 de julio de 2020

El Equilibrio de Poderes


Abel Campirano Marin

La SENER, ha sufrido un duro primer revés jurídico a sus proyectos, al emitir la Suprema Corte de Justicia de la Nación una sentencia interlocutoria que decreta la suspensión provisional de sus decretos, limitando así a la Secretaría de Energía a cargo de Rocío Nahle en sus ambiciosos proyectos de restringir la producción de energía eléctrica renovable al sector privado.

Fue la Comisión Federal de Competencia Económica la que presentó la Controversia Constitucional impugnando el decreto energético porque a su juicio violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución.

El propósito de Rocío es que bajo pretexto de poner orden y detener saqueos (sic) se limiten las energías eólicas y fotovoltaicas con base en los parámetros que establezca el CENACE acrónimo del Centro Nacional de Control de Energía, todo esto con el propósito de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y a la Industria Petroquímica, cuya principal empresa, PEMEX, se encuentra en quiebra técnica.

La intención de esta administración ha sido fortalecer la rentabilidad de las empresas públicas, básicamente CFE y Petróleos Mexicanos cuyo aporte significativo a las finanzas públicas se encuentra sumamente deteriorado y es preocupante porque de paso frena las políticas públicas asistencialistas cuya derrama económica tiene propósitos electorales tras de la máscara demagoga de una pretendida justicia social y ayuda a los más pobres y necesitados.

Manuel Bartlett, el director de CFE sostiene que este giro a la política energética por parte del Gobierno de la 4T es una estrategia contra la corrupción; si tal fuera el caso, tan simple como enjuiciar a los corruptos, como se debió hacer en el caso del aeropuerto de Texcoco antes de mudarlo a Santa Lucía, encarcelando a los corruptos. No hay voluntad de hacerlo.

En punto de la entrada en vigor del Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá, la perplejidad internacional ante ese nuevo error de la política energética de nuestro país es enorme; México sigue apostando a las energías contaminantes, desdeñando las limpias en una aberración porque vamos contra corriente y contra toda lógica, como sucede con el manejo de la Pandemia en que habiendo mayores índices de contagios y muertes se lanzan a más personas a la calle, prácticamente a que se contagien y se mueran cuando en otros Países, los Gobiernos hacen lo contrario y protegen a sus ciudadanos. Un Gobierno distópico y disruptivo social.

Lamentablemente cuando se le crítica, no se admite el disenso; inmediatamente la respuesta es conservadurismo, neoliberalismo, fifís, fachos y demás sandeces perdiendo de vista algo muy importante: que quienes votamos por Andrés Manuel pensamos en un cambio; lo hicimos con la esperanza de tener ese cambio de rumbo y lo cierto es que estamos viviendo más de lo mismo.

Por fortuna, aún tenemos el privilegio de gozar de un equilibrio de poderes, como el que soñara John Locke y al que se referían tanto Montesquieu, Saint Simón e incluso Rousseau y el poder judicial limita al ejecutivo para que obre conforme a la ley y conforme al fin social que debe tener un gobierno, es decir gobernar para todos y no para una élite de privilegiados que coinciden con él en pensamiento y acción.

Solo resta traer a colación aquella frase que se dice se utilizó por primera vez en el siglo XIII en Inglaterra cuando Eduardo I sucedió a Enrique III, frase que decía: El Rey ha muerto, ¡Viva el Rey! ¡Larga vida al Rey! Parafraseándola, diríamos, larga vida al equilibrio de poderes, porque cuando éste no exista, entonces habrá muerto la democracia.


Abel Campirano Marin

La SENER, ha sufrido un duro primer revés jurídico a sus proyectos, al emitir la Suprema Corte de Justicia de la Nación una sentencia interlocutoria que decreta la suspensión provisional de sus decretos, limitando así a la Secretaría de Energía a cargo de Rocío Nahle en sus ambiciosos proyectos de restringir la producción de energía eléctrica renovable al sector privado.

Fue la Comisión Federal de Competencia Económica la que presentó la Controversia Constitucional impugnando el decreto energético porque a su juicio violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución.

El propósito de Rocío es que bajo pretexto de poner orden y detener saqueos (sic) se limiten las energías eólicas y fotovoltaicas con base en los parámetros que establezca el CENACE acrónimo del Centro Nacional de Control de Energía, todo esto con el propósito de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y a la Industria Petroquímica, cuya principal empresa, PEMEX, se encuentra en quiebra técnica.

La intención de esta administración ha sido fortalecer la rentabilidad de las empresas públicas, básicamente CFE y Petróleos Mexicanos cuyo aporte significativo a las finanzas públicas se encuentra sumamente deteriorado y es preocupante porque de paso frena las políticas públicas asistencialistas cuya derrama económica tiene propósitos electorales tras de la máscara demagoga de una pretendida justicia social y ayuda a los más pobres y necesitados.

Manuel Bartlett, el director de CFE sostiene que este giro a la política energética por parte del Gobierno de la 4T es una estrategia contra la corrupción; si tal fuera el caso, tan simple como enjuiciar a los corruptos, como se debió hacer en el caso del aeropuerto de Texcoco antes de mudarlo a Santa Lucía, encarcelando a los corruptos. No hay voluntad de hacerlo.

En punto de la entrada en vigor del Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá, la perplejidad internacional ante ese nuevo error de la política energética de nuestro país es enorme; México sigue apostando a las energías contaminantes, desdeñando las limpias en una aberración porque vamos contra corriente y contra toda lógica, como sucede con el manejo de la Pandemia en que habiendo mayores índices de contagios y muertes se lanzan a más personas a la calle, prácticamente a que se contagien y se mueran cuando en otros Países, los Gobiernos hacen lo contrario y protegen a sus ciudadanos. Un Gobierno distópico y disruptivo social.

Lamentablemente cuando se le crítica, no se admite el disenso; inmediatamente la respuesta es conservadurismo, neoliberalismo, fifís, fachos y demás sandeces perdiendo de vista algo muy importante: que quienes votamos por Andrés Manuel pensamos en un cambio; lo hicimos con la esperanza de tener ese cambio de rumbo y lo cierto es que estamos viviendo más de lo mismo.

Por fortuna, aún tenemos el privilegio de gozar de un equilibrio de poderes, como el que soñara John Locke y al que se referían tanto Montesquieu, Saint Simón e incluso Rousseau y el poder judicial limita al ejecutivo para que obre conforme a la ley y conforme al fin social que debe tener un gobierno, es decir gobernar para todos y no para una élite de privilegiados que coinciden con él en pensamiento y acción.

Solo resta traer a colación aquella frase que se dice se utilizó por primera vez en el siglo XIII en Inglaterra cuando Eduardo I sucedió a Enrique III, frase que decía: El Rey ha muerto, ¡Viva el Rey! ¡Larga vida al Rey! Parafraseándola, diríamos, larga vida al equilibrio de poderes, porque cuando éste no exista, entonces habrá muerto la democracia.

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