Arturo Villarreal Palos
Derivado de los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el día 26 de enero de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica”, el cual tiene por objeto “reducir la incidencia delictiva en el país particularmente en los delitos que más afectan a la población, incrementar el nivel de denuncia de los delitos y mejorar la percepción de seguridad y la confianza en las policías”.
El modelo pretende articular la participación de las policías estatales y municipales, con una actuación subsidiaria de la Guardia Nacional en los casos donde los municipios o el estado no puedan dar cobertura, vinculándose también con el Ministerio Público para la investigación y persecución de los delitos.
En su primera parte, el modelo se basa en cuatro componentes generales que incluyen: a) un sistema de medición y evaluación por resultados; b) las herramientas financieras para darle viabilidad; c) la estructura organizacional y el papel de la participación ciudadana que permita una implementación y operación eficaz; y d) los elementos legales y normativos que se requieren para su operación.
La segunda parte consiste en los componentes específicos del modelo, tanto para las policías municipales como para las estatales y la Justicia Cívica, que juega un papel fundamental para que los conflictos no pasen a mayores, mejoren la convivencia y prevengan el delito.
Estimo importante el diseño que se propone para la policía municipal, primer componente de pirámide la seguridad, a través de los siguientes ejes: 1) policía de proximidad orientada a la solución de problemas, lo que incluye vigilancia y patrullaje estratégico, atención a víctimas, recepción de denuncias, trabajo con la comunidad y un sistema de estaciones de policía; 2) policía de investigación y análisis que en coordinación con el ministerio público, pueda desarrollar investigaciones complejas que permitan desarticular la actividad delincuencial; y 3) policía de reacción, que ofrecerá apoyo a las policías de proximidad y de investigación así como al ministerio público y al poder judicial en situaciones que requieran mayor capacidad disuasiva o de respaldo y garantizar, mantener y restablecer el orden público.
Mientras que para las policías estatales se proponen funciones de: 1) policía estatal de caminos; 2) policía de investigación y análisis; 3) policía de reacción; 4) policía procesal, al servicio del sistema penal acusatorio; 5) policía de seguridad y custodia penitenciaria; y 6) policía estatal en funciones de policía municipal.
El documento, de 533 hojas, incluyendo anexos, contiene información valiosa y propositiva que vale la pena analizar a detalle. Pero lo que me parece mas relevante es que siendo el Consejo Nacional de Seguridad Pública un órgano del Estado mexicano donde convergen los gobernadores y los Secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública y el Procurador General de la Republica, haya habido la capacidad de ponerse de acuerdo en algo fundamental para el país, como lo es la mejora del sistema de seguridad pública.
*Académico de la Universidad de Guadalajara y miembro del Observatorio de Seguridad y Justicia.
