Decía Martin Luther King, “no duelen los actos de la gente mala, lo que duele es la indiferencia de la gente buena”, en este país, quienes representan a la autoridad, si no lo son, deberían de ser, gente buena, honrada y eficiente, que más de alguno lo ha de ser.
No puede dejar de insistirse en el tema de la procuración y la administración de la justicia en nuestro país, donde el Ejecutivo federal, al parecer, tiene la pretensión evidente, como cada administración federal, de controlar para poner a sus pies a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al anunciar la reforma constitucional, para integrar a esa institución, cinco ministros más, bajo el pretexto de crear una sala especializada, que también tendrá el mote de sala “anticorrupción”-como si no existiera ya-, por lo que considero debería ser denominada contra la corrupción, pero en fin, eso será tema de otra ocasión.
Aquí en Jalisco, nos sobra el tema de la procuración y administración de justicia, en principio, puntualizando que el Poder Ejecutivo y el Judicial, según la teoría de Montesquieu, son dos entes autónomos, que además de la teoría, nuestra propia ley establece una separación bien definida, según el derecho positivo, tanto en la federal, en la local y en las leyes reglamentarias, en las que se establece, que si una advierte de la otra un actuar indebido, debe acudir a las instituciones y con los instrumentos legales existentes a denunciar aquello que considera ilícito o indebido, para que la instancia correspondiente la sancione y la someta, pero de ningún modo dirigirla o amenazarla con advertencias totalmente innecesarias, pues el derecho no se advierte, se cumple y se hace cumplir y así, el que lo exija, antes debe hacer lo propio, es hora que ya sea una realidad el Estado de derecho y se dejen de lado las políticas banales, que sólo corrompen, denostan e impiden semejante propósito.
Ante la urgente necesidad de la desaparición o por lo menos, la destitución de quienes integran el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, que como en otras ocasiones lo he señalado, solapan y promueven la corrupción ya que manejan o inclusive someten a algunos Magistrados, Jueces y Secretarios, así como la oficialía de partes común de los juzgados, que a la fecha ha cambiado de beneficiario, de la rentabilidad económica, que esta produce y entre otras.
De igual forma, lo que me parece una de las más graves y recientes infamias, que estimo no hay fundamento ni justificación válida, es el hecho de haberle quitado a algunos de los jueces mixtos de primera instancia, la competencia penal, haciendo nula la justicia, para víctimas y victimarios, ya que en aquellos partidos judiciales dejo de existir un órgano jurisdiccional donde se ventilen o atiendan sus asuntos, porque ahora se concentran en el primero y en otros diversos, en un supuesto remedio, a esa medida inicialmente generalizada, a la que se suma la llamada inductiva a los jueces penales del nuevo sistema, de calificar de legal cualquier detención por ilegal que esta sea, no puede ser tolerable tanta indiferencia que le duele a este país y en especial a nuestro estado.
A mis compañeros de profesión les reitero mi convocatoria, a dejar de lado el confort de la cobardía, de la pusilanimidad, de la incongruencia, de la deshonestidad, desde luego, la responsabilidad que intrínsecamente llevamos al detentar y ostentar la profesión de abogados, como académicos, como postulantes y desde luego como servidores públicos, ya sea de elección popular o por designación.
* Profesor Investigador de la División de Estudios Jurídicos de la UdeG.
locb15@hotmail.com
