/ jueves 2 de diciembre de 2021

Del Pacto Fiscal, municipios y el 115


Iván Chávez Gómez



Cuando Jalisco alzó la voz a escala nacional en 2020 para revisar el Pacto Fiscal, lo hizo desde una perspectiva que responde a la dignidad de los 2 mil 471 municipios que constituyen el territorio mexicano.

El Municipio es la base del sistema federalista de nuestro país, así lo marca el artículo 115 de la Constitución Mexicana, que establece que cada entidad deberá adoptar una “forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre”.

Los municipios gozan de libertad en el manejo de su hacienda, pero esta depende -en un alto porcentaje- de las participaciones federales, que se distribuyen bajo ciertas reglas.

Nacido en 1980, en el marco de la Ley de Coordinación Fiscal y el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, el Pacto pretendía regular las relaciones hacendarias entre los tres niveles de gobierno con el fin de asegurar la equidad, simplificar el sistema tributario y fortalecer las economías locales.

Las entidades que se adhirieron al Pacto hace 40 años delegaron sus funciones de cobro de impuestos a la Federación. Cuatro décadas más tarde, la Federación recauda el 95 por ciento de los impuestos: el Impuesto sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) o el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

¿Qué hace el gobierno federal con lo que percibe? Un vistazo a la distribución del Presupuesto Federal arroja que aproximadamente el 31 por ciento del total se transfiere a estados y municipios, es decir, uno de cada tres pesos. Ese mismo peso tiene que fragmentarse para las 32 entidades federativas. Habría que pensar sobre la minúscula fracción de peso que le tocará a Santos Reyes Yucuná, en Oaxaca, el municipio más pobre del país.

Esto es alarmante porque en los municipios recaen las acciones de proximidad con la ciudadanía. Agua potable, alumbrado público, recolección de basura, mercados, panteones, rastro, mantenimiento de calles, seguridad pública son servicios que por orden constitucional debe brindar un Ayuntamiento.

Y hay que añadir otras nueve tareas relacionadas con el desarrollo urbano y la expedición de licencias que hacen los municipios, más aquellas que cada legislatura estatal les endilga.

Fernando Valdés Benavides y Manuel Guadarrama Herrera, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), plantean en la edición en línea de la revista Nexos (https://bit.ly/3DdXo8i), las fallas estructurales municipales derivadas de políticas centralistas erróneas.

Según sus datos, los 100 municipios más poblados del país concentran el 52.4 por ciento de los ingresos municipales (ellos generan el 30 por ciento de sus ingresos propios). Le sigue un grupo de mil municipios que pasan penurias para cobrar el predial, el impuesto principal de todo Ayuntamiento. En el último peldaño está el resto de municipalidades que carece de condiciones para producir ingresos; su destino depende de la Federación.

“Los resultados de las políticas centralistas de las últimas dos décadas muestran que la estructura federal actual se tambalea no solo por el peso de su cúspide, sino también por lo irregular de su base. Es tiempo de recimentar”, plantean.

Tenemos tan poco tiempo que nadie quiere hacer un cambio a largo plazo. En tiempos de estas sociedades aceleradas, nos hemos hecho visionarios cortoplacistas.

Por eso, el llamado urgente del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, a revisar el Pacto Fiscal, tiene un elemento de equidad y justicia, pero también un componente constitucional trascendental: que el municipio, núcleo del federalismo mexicano, posea los recursos necesarios que le permita cumplir con las obligaciones que tiene con sus pobladores y que pueda generar sus propios recursos.

Una revisión al Pacto Fiscal no es solo una fórmula para distribuir pesos y centavos, se trata, ante todo, de un acto de civilidad y de cumplimiento de la Carta Magna, para garantizar los derechos de quienes viven en Zapopan, Jalisco o en Santos Reyes Yucuná, Oaxaca.

* Coordinador de regidores de MC en Zapopan


Iván Chávez Gómez



Cuando Jalisco alzó la voz a escala nacional en 2020 para revisar el Pacto Fiscal, lo hizo desde una perspectiva que responde a la dignidad de los 2 mil 471 municipios que constituyen el territorio mexicano.

El Municipio es la base del sistema federalista de nuestro país, así lo marca el artículo 115 de la Constitución Mexicana, que establece que cada entidad deberá adoptar una “forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre”.

Los municipios gozan de libertad en el manejo de su hacienda, pero esta depende -en un alto porcentaje- de las participaciones federales, que se distribuyen bajo ciertas reglas.

Nacido en 1980, en el marco de la Ley de Coordinación Fiscal y el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, el Pacto pretendía regular las relaciones hacendarias entre los tres niveles de gobierno con el fin de asegurar la equidad, simplificar el sistema tributario y fortalecer las economías locales.

Las entidades que se adhirieron al Pacto hace 40 años delegaron sus funciones de cobro de impuestos a la Federación. Cuatro décadas más tarde, la Federación recauda el 95 por ciento de los impuestos: el Impuesto sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) o el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

¿Qué hace el gobierno federal con lo que percibe? Un vistazo a la distribución del Presupuesto Federal arroja que aproximadamente el 31 por ciento del total se transfiere a estados y municipios, es decir, uno de cada tres pesos. Ese mismo peso tiene que fragmentarse para las 32 entidades federativas. Habría que pensar sobre la minúscula fracción de peso que le tocará a Santos Reyes Yucuná, en Oaxaca, el municipio más pobre del país.

Esto es alarmante porque en los municipios recaen las acciones de proximidad con la ciudadanía. Agua potable, alumbrado público, recolección de basura, mercados, panteones, rastro, mantenimiento de calles, seguridad pública son servicios que por orden constitucional debe brindar un Ayuntamiento.

Y hay que añadir otras nueve tareas relacionadas con el desarrollo urbano y la expedición de licencias que hacen los municipios, más aquellas que cada legislatura estatal les endilga.

Fernando Valdés Benavides y Manuel Guadarrama Herrera, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), plantean en la edición en línea de la revista Nexos (https://bit.ly/3DdXo8i), las fallas estructurales municipales derivadas de políticas centralistas erróneas.

Según sus datos, los 100 municipios más poblados del país concentran el 52.4 por ciento de los ingresos municipales (ellos generan el 30 por ciento de sus ingresos propios). Le sigue un grupo de mil municipios que pasan penurias para cobrar el predial, el impuesto principal de todo Ayuntamiento. En el último peldaño está el resto de municipalidades que carece de condiciones para producir ingresos; su destino depende de la Federación.

“Los resultados de las políticas centralistas de las últimas dos décadas muestran que la estructura federal actual se tambalea no solo por el peso de su cúspide, sino también por lo irregular de su base. Es tiempo de recimentar”, plantean.

Tenemos tan poco tiempo que nadie quiere hacer un cambio a largo plazo. En tiempos de estas sociedades aceleradas, nos hemos hecho visionarios cortoplacistas.

Por eso, el llamado urgente del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, a revisar el Pacto Fiscal, tiene un elemento de equidad y justicia, pero también un componente constitucional trascendental: que el municipio, núcleo del federalismo mexicano, posea los recursos necesarios que le permita cumplir con las obligaciones que tiene con sus pobladores y que pueda generar sus propios recursos.

Una revisión al Pacto Fiscal no es solo una fórmula para distribuir pesos y centavos, se trata, ante todo, de un acto de civilidad y de cumplimiento de la Carta Magna, para garantizar los derechos de quienes viven en Zapopan, Jalisco o en Santos Reyes Yucuná, Oaxaca.

* Coordinador de regidores de MC en Zapopan