La reforma al Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) impulsada por Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional merece toda nuestra atención. Múltiples voces de la sociedad civil organizada han manifestado que esta versión presentada rompe con aquellos trabajos y esfuerzos conjuntos que se habían realizado. Por si eso no fuera poco, esas modificaciones afectan gravemente al Comité de Participación Social (CPS), una completa afrenta cínica e indefendible que atenta contra el control ciudadano.
No debemos olvidar que el SEA se integra por 7 organismos y que es justamente el CPS su organismo ciudadano por excelencia, es decir, el CPS es un espacio creado con el fin máximo de integrar a la ciudadanía en el combate a la corrupción, por eso su trascendencia.
Es más que sabido que la corrupción no es un tema sencillo, ya que por su condición clandestina y redes de complicidades, no es tarea menor proponer soluciones contundentes e inequívocas. Usualmente los gobiernos implementen medidas anticorrupción poco contundentes y eso tiene como consecuencia que habrá medidas que resultan fallidas, o que sean insuficientes. En el caso del sistema anticorrupción de nuestro estado, es evidente que ha caído en la insuficiencia e inefiencia, lo cuál debería desembocar en que se realicen esfuerzos por robustecerlo, por eso una reforma al sistema es algo deseable.
Lo que no podemos permitir son las regresiones. Existen debates académicos y políticos sobre si la eliminación o reducción de salarios a funcionarias/os públicos realmente sirven para reducir la corrupción o terminan por producir efectos indeseables. De cualquier forma, no sólo es válido sino esencial discutir y presentar argumentos cuando se trata de llevar a cabo reformas y ajustes, pero lo que es impensable es aplicarlos en organismos del tipo al que pertenece el CPS porque es el elemento ciudadano inmiscuido en dicho sistema creado para regir el combate a la corrupción de manera autónoma. Una vez entendiendo esto, resulta más que una obviedad que eliminar sus salarios debilita justamente la autonomía y la independencia de estas instancias.
Sí, se requiere voluntad, experticia y vigilancia entre poderes para aspirar a una espiral ascendente en esta lucha política por la horizontalidad y la transparencia. En este sentido, entendemos que habrá encuentros incómodos entre los gobiernos y las instituciones encargadas del combate a la corrupción, puesto que unas vigilan a las otras, y este tipo de instituciones son relativamente nuevas, son logros que surgen a partir de demandas expresadas desde lo social y la necesidad de la rendición de cuentas, no surgen como tal del poder mismo.
La preocupación no va encaminada a defender a las personas que integran al Comité, sino que se trata de defender al logro institucional que representa este espacio de participación de la ciudadanía, porque cualquier herramienta, sistema u organización que tenga como fin hacer más partícipe a la sociedad y a su vez empoderarla, merece una defensa digna.
* Vicepresidenta de Hagamos
