/ domingo 12 de diciembre de 2021

“Decretazo presidencial”: un atentado contra la transparencia

La transparencia es un elemento fundamental para la calidad democrática, y toda acción encaminada a generar opacidad de la función pública de los gobiernos, debe ser reprobada socialmente, pues impedir el derecho al acceso a la información es también una forma de no rendir cuentas.

La transparencia gubernamental implica la disposición al público, por parte de las instituciones del Estado, de la información oportuna y en formatos accesibles sobre las actividades desarrolladas con motivo del encargo. Su importancia radica en fungir como una barrera contra la corrupción y los abusos de poder. Por ello la transparencia tiene una estricta relación con el acceso a la información y la rendición de cuentas.

México ocupa el lugar 124 de 180 naciones evaluadas en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2020, y se mantiene en el último lugar (37) entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Falta mucho aún en México en materia de rendición de cuentas y transparencia institucional.

Bajo tal contexto en nada ayudan a la calidad democrática, o al combate a la corrupción, acciones gubernamentales como el decreto del Presidente Andrés Manuel López Obrador que cataloga todas las obras de infraestructura de su administración como asuntos de interés público y de seguridad nacional. Bajo ese argumento, busca reservar toda la información relacionada con las obras que promovidas desde Palacio Nacional.

El “decretazo” emitido por López Obrador, vulnera el artículo 6 de la Constitución Mexicana, que establece dos claros principios: La obligación del Estado a garantizar el acceso a la Información Pública; y el derecho que tienen las personas para acceder precisamente a la información generada por las instituciones y servidores públicos con motivo de sus funciones.

Ante la obstinación del Gobierno Lopezobradorista de sumir al Poder Ejecutivo Federal en la opacidad, los mexicanos que queremos un país que avance en materia de rendición de cuentas y transparencia alzamos la voz en desacuerdo con el Presidente de México; es por tal razón que, al igual que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), los Diputados del PAN, dentro de la coalición legislativa Va por México, impulsaremos una controversia constitucional en contra de la determinación del Gobierno de la República por debilitar la rendición de cuentas en nuestro país.

Esperamos que el Presidente López Obrador rectifique su decisión, y recuerde que la falta de transparencia es también corrupción, ya que hacer a un lado el principio de rendición de cuentas es la negación del Gobierno para: asumir la responsabilidad sobre sus decisiones; informar sobre la gestión de fondos, bienes y recursos que les fueron asignados, e informar los resultados obtenidos durante su gestión.

Diputado federal PAN

La transparencia es un elemento fundamental para la calidad democrática, y toda acción encaminada a generar opacidad de la función pública de los gobiernos, debe ser reprobada socialmente, pues impedir el derecho al acceso a la información es también una forma de no rendir cuentas.

La transparencia gubernamental implica la disposición al público, por parte de las instituciones del Estado, de la información oportuna y en formatos accesibles sobre las actividades desarrolladas con motivo del encargo. Su importancia radica en fungir como una barrera contra la corrupción y los abusos de poder. Por ello la transparencia tiene una estricta relación con el acceso a la información y la rendición de cuentas.

México ocupa el lugar 124 de 180 naciones evaluadas en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2020, y se mantiene en el último lugar (37) entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Falta mucho aún en México en materia de rendición de cuentas y transparencia institucional.

Bajo tal contexto en nada ayudan a la calidad democrática, o al combate a la corrupción, acciones gubernamentales como el decreto del Presidente Andrés Manuel López Obrador que cataloga todas las obras de infraestructura de su administración como asuntos de interés público y de seguridad nacional. Bajo ese argumento, busca reservar toda la información relacionada con las obras que promovidas desde Palacio Nacional.

El “decretazo” emitido por López Obrador, vulnera el artículo 6 de la Constitución Mexicana, que establece dos claros principios: La obligación del Estado a garantizar el acceso a la Información Pública; y el derecho que tienen las personas para acceder precisamente a la información generada por las instituciones y servidores públicos con motivo de sus funciones.

Ante la obstinación del Gobierno Lopezobradorista de sumir al Poder Ejecutivo Federal en la opacidad, los mexicanos que queremos un país que avance en materia de rendición de cuentas y transparencia alzamos la voz en desacuerdo con el Presidente de México; es por tal razón que, al igual que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), los Diputados del PAN, dentro de la coalición legislativa Va por México, impulsaremos una controversia constitucional en contra de la determinación del Gobierno de la República por debilitar la rendición de cuentas en nuestro país.

Esperamos que el Presidente López Obrador rectifique su decisión, y recuerde que la falta de transparencia es también corrupción, ya que hacer a un lado el principio de rendición de cuentas es la negación del Gobierno para: asumir la responsabilidad sobre sus decisiones; informar sobre la gestión de fondos, bienes y recursos que les fueron asignados, e informar los resultados obtenidos durante su gestión.

Diputado federal PAN