/ martes 8 de septiembre de 2020

Crisis de Derechos Humanos

Las instituciones públicas en México cobraron relevancia a partir de la década de los 90, una época en la que el contexto social, económico y político obligaron a crear organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos para garantizar el cumplimiento, respeto y estricto apego a la normatividad nacional e internacional en dicha materia.

No obstante, y a pesar de ser en la ley un organismo constitucional autónomo, la designación de su titular siempre ha estado sujeta a intereses políticos del Poder Ejecutivo y del Legislativo; a nivel local esto también se ha replicado, ocasionando que los titulares de estas instituciones pongan por encima del interés colectivo beneficios propios o de su grupo político.

En Jalisco, el actual Ombudsman fue electo y ha procedido de una manera más autónoma en comparación con su antecesor, sin embargo, el alcance de la institución que dirige se ha quedado corta; a nivel nacional la llegada de Rosario Piedra Ibarra, cercana a López Obrador, ha tenido, hasta el momento, una actuación insignificante frente a la crisis de Derechos Humanos y la urgencia de acciones en casos como las desapariciones y la violencia de género.

Esta crisis que padecemos en la actualidad es resultado de al menos 15 años de constantes violaciones, parálisis institucional y falta de voluntad política. La decisión de poner al ejército en las calles para combatir al crimen organizado en 2006 y su prolongación hasta hoy son uno de los principales factores de este conflicto en el que estamos sumergidos. Desde entonces hemos normalizado justificar que se ejerza violencia sobre las personas, hemos normalizado culpabilizar a las víctimas en lugar de protegerlas, hemos normalizado la propia crisis hasta el grado de no actuar.

En nuestro país, a partir de los miles de muertos y desaparecidos por la “guerra contra el narco” las protestas y movilizaciones sociales han sido la única forma en la que se adquiere justicia. Hoy, el respeto a los Derechos Humanos de todas y todos no está garantizado por nadie, ni siquiera por la ley; se ha vuelto prácticamente una regla que para conseguir la visibilidad y la justicia de las víctimas y sus familiares se deba pasar por una lucha diaria, por un suplicio y la revictimización forzosa.

Mientras las instituciones autónomas encargadas de defender y proteger los derechos de la ciudadanía continúen priorizando el interés personal o político por encima del interés de la mayoría, actos como el de las pintas en monumentos o la toma de edificios públicos jamás podrán ser señalados como vandalismo, porque ese hecho es un recordatorio de que no estamos cumpliendo como Estado.


* Diputado local.

Las instituciones públicas en México cobraron relevancia a partir de la década de los 90, una época en la que el contexto social, económico y político obligaron a crear organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos para garantizar el cumplimiento, respeto y estricto apego a la normatividad nacional e internacional en dicha materia.

No obstante, y a pesar de ser en la ley un organismo constitucional autónomo, la designación de su titular siempre ha estado sujeta a intereses políticos del Poder Ejecutivo y del Legislativo; a nivel local esto también se ha replicado, ocasionando que los titulares de estas instituciones pongan por encima del interés colectivo beneficios propios o de su grupo político.

En Jalisco, el actual Ombudsman fue electo y ha procedido de una manera más autónoma en comparación con su antecesor, sin embargo, el alcance de la institución que dirige se ha quedado corta; a nivel nacional la llegada de Rosario Piedra Ibarra, cercana a López Obrador, ha tenido, hasta el momento, una actuación insignificante frente a la crisis de Derechos Humanos y la urgencia de acciones en casos como las desapariciones y la violencia de género.

Esta crisis que padecemos en la actualidad es resultado de al menos 15 años de constantes violaciones, parálisis institucional y falta de voluntad política. La decisión de poner al ejército en las calles para combatir al crimen organizado en 2006 y su prolongación hasta hoy son uno de los principales factores de este conflicto en el que estamos sumergidos. Desde entonces hemos normalizado justificar que se ejerza violencia sobre las personas, hemos normalizado culpabilizar a las víctimas en lugar de protegerlas, hemos normalizado la propia crisis hasta el grado de no actuar.

En nuestro país, a partir de los miles de muertos y desaparecidos por la “guerra contra el narco” las protestas y movilizaciones sociales han sido la única forma en la que se adquiere justicia. Hoy, el respeto a los Derechos Humanos de todas y todos no está garantizado por nadie, ni siquiera por la ley; se ha vuelto prácticamente una regla que para conseguir la visibilidad y la justicia de las víctimas y sus familiares se deba pasar por una lucha diaria, por un suplicio y la revictimización forzosa.

Mientras las instituciones autónomas encargadas de defender y proteger los derechos de la ciudadanía continúen priorizando el interés personal o político por encima del interés de la mayoría, actos como el de las pintas en monumentos o la toma de edificios públicos jamás podrán ser señalados como vandalismo, porque ese hecho es un recordatorio de que no estamos cumpliendo como Estado.


* Diputado local.