Ahora que la pandemia se encuentra en una nueva fase de expansión, y que se habla hasta de una “tercera ola” y de un retraso en la vacunación en las cárceles de México, conviene pensar en las personas recluidas en tales sitios, pues ellos, más que nosotros, se encuentran expuestos a contraer el virus que ocasiona la COVID-19.
Se trata de hombres y mujeres en situación de vulnerabilidad, cuya custodia presenta un sinnúmero de desigualdades, abusos y deterioro de las condiciones de vida, donde tienen convergencia factores como el hacinamiento, el abandono de la población reclusa por parte de los familiares, la sobrepoblación y la falta de una debida atención médica.
Una buena noticia es que, en el contexto de la actual crisis sanitaria, diversos organismos internacionales, pensando en el derecho a la salud de las personas privadas de su libertad, han instado a los países del mundo “a implementar medidas para salvaguardar la salud de las personas privadas de la libertad y de todas aquellas que convergen en los sistemas penitenciarios”.
Algunas de estas entidades son: la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, la Organización Mundial de la Salud, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos.
Los organismos antes mencionados pidieron a los Estados “adoptar medidas de forma inmediata y de manera diligente para prevenir la ocurrencia de afectaciones al derecho a la salud, la integridad personal y la vida”. Se trata de medidas que deben “ser proporcionales, limitadas, ajustadas a los objetivos definidos, razonables y estrictamente necesarias”.
El documento titulado Diagnóstico Penitenciario en el contexto de Covid-19, elaborado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Nuevo León, explica el tipo de medidas que deben implementarse para prevenir la propagación del virus en las cárceles:
“La realización de esfuerzos coordinados para descongestionar los centros penitenciarios a través de criterios de excarcelación o adopción de las medidas alternativas a la privación de la libertad para garantizar la vigencia y goce de los derechos humanos a todas las personas”.
La adopción de “planes de contingencia para prevenir la propagación del virus en los centros penitenciarios y para garantizar atención médica adecuada a las personas privadas de la libertad”.
La observancia de las “recomendaciones de las autoridades sanitarias”, las cuales deben ser “proporcionales al riesgo de expansión de COVID-19 en penales y deberán respetar las obligaciones del derecho internacional en la materia”.
Las acciones para evitar contagios en los centros de detención deben realizarse con celeridad, sobre todo ahora que del vecino país del norte nos llegan noticias en el sentido de que, por hacinamiento, los casos de contagio han aumentado en las cárceles de Estados Unidos. Un análisis de datos proporcionado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) indica que entre abril pasado y los primeros días del presente mes de julio tuvieron lugar más de 7 mil 500 nuevos casos de coronavirus.
Otra situación que preocupa sobremanera en México son las cifras proporcionadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de acuerdo con las cuales, hasta el 6 de julio pasado, sólo cerca de 32% de las personas privadas de su libertad han recibido alguna vacuna contra el coronavirus. Dicho de otra manera, sólo se han aplicado 70 mil137 vacunas de 219 mil117 necesarias para cada uno de los presos que se contabilizan al interior de un centro penitenciario a nivel nacional, informó este lunes el diario El Economista.
La preocupación se debe a que en varios estados de la República se ha desdeñado el derecho a la salud de la población reclusa, dándole más importancia al castigo que a la defensa de la vida y la dignidad humana de los reclusos. Y lo digo porque, de acuerdo con la nota del medio de información antes mencionado, entidades como Chihuahua, Sonora y Nuevo León, no reportan aplicación alguna de vacuna. Quintana Roo ha inmunizado a 29 personas, Querétaro a 64 y Aguascalientes a 184.
Las entidades que más vacunas han aplicado a los internos son la Ciudad de México (20,356), Baja California (12 mil 809), Hidalgo (4 mil 117), Jalisco (3 mil 292), Estado de México (3 mil 242) y Guerrero (2 mil 555).
Hay mucho por hacer en las cárceles de México, algunas de las cuales presentan carencia de medicamentos y de espacios específicos para una atención médica adecuada, así como la falta de una alimentación adecuada, situación que favorece el desarrollo de diversas enfermedades en agravio de las personas que viven en reclusión.
Twitter: @armayacastro
