Armando Maya Castro

  / martes 27 de agosto de 2019

Contra el Estado laico

Actualmente, la Iglesia católica y algunas iglesias evangélicas impulsan en el Senado de la República la reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (LARCP), el ordenamiento jurídico que reglamenta las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de asociaciones, agrupaciones religiosas, iglesias y culto público.

Manifiesta lo anterior la citada ley en su artículo primero, en donde señala, además, que las normas de la LARCP “son de orden público y de observancia general en el territorio nacional”.

¿Cuál es la pretensión de las iglesias arriba mencionadas? Que en la reforma que están impulsando quede establecido que las asociaciones religiosas pueden colaborar con las instancias de gobierno en temas como construcción de paz y emergencias. Las leyes que establecen el carácter laico del Estado no han podido detener las acciones anti laicas de los ministros de culto y de los servidores públicos que lograron que este cambio se plasmara ya en el reglamento interior de la Secretaría de Gobernación. Ahora quieren más, mucho más, y van por la reforma de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

Alfonso Miranda Guardiola, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), aseguró a principios del pasado mes de julio que la CEM respeta el Estado laico, una institución a la que Bernardo Barrando sustenta “como una estructura jurídicopolítica que no establece una religión oficial”. Lo cierto es que las acciones del titular del órgano que reúne a los más de 100 obispos de México ponen en duda su proclamado respeto a la laicidad del Estado mexicano.

Entiendo perfectamente bien que el Estado laico no es antirreligioso o anticlerical. ¡Y qué bueno que no lo sea!, porque la función del Estado no debe ser a favor ni en contra de ninguna religión. Si actuara en cualquiera de las anteriores direcciones (a favor o en contra) se rompería su naturaleza laica en perjuicio de los derechos humanos de los mexicanos.

Es importante recordar que la pretensión de Benito Juárez y de los liberales que participaron en la creación del Estado laico era la supresión de los privilegios exclusivos de la Iglesia mayoritaria. Estas prerrogativas impedían que en México se establecieran otras religiones, las cuales estaban prohibidas por las constituciones intolerantes que estuvieron vigentes antes de la promulgación de la Constitución liberal de 1857.

Fue esta Carta Magna de ideología liberal, y posteriormente las Leyes de Reforma promulgadas entre 1855 y 1863, las que pusieron fin al Estado confesional, el cual fomenta el abuso de poder y la ignorancia, además de caracterizarse, según palabras de Artola, “por la promulgación de una religión oficial y la financiación pública del culto y la atención de las necesidades del clero…”.

Las leyes que garantizan el carácter laico del Estado y de la educación que en el marco del mismo se imparte son claras; sólo esperan ser respetadas por los funcionarios públicos y por los ministros de culto. Al respecto, Bernardo Barranco acaba de declarar a Expansión Política: “El artículo a letra dice que hay una separación histórica entre el Estado y la Iglesia. El Estado no puede interferir en la vida interna de la Iglesia ni las Iglesia deben intervenir en la agenda pública, en la toma de decisión y en la ejecución de programas gubernamentales y la Cartilla Moral es una iniciativa gubernamental”.

Concluyo mi columna de este día señalando a título personal la necesidad de preservar inalterable los principios de laicidad y separación del Estado y las iglesias. Entiendo que, para preservar estos logros históricos y benéficos para la vida de nuestra querida nación, es importante que el Estado tenga presente la composición plurirreligiosa de México, y que por respeto a ésta se niegue a satisfacer las aspiraciones clericales en materia de educación religiosa, así como aquellas que de un tiempo a la fecha buscan el otorgamiento de concesiones de radio y televisión a las iglesias.

Hoy por hoy México clama por el fin de la discriminación y de la intolerancia religiosa, esos males ancestrales que sólo esperan un pretexto para resurgir violentamente en agravio de los grupos religiosos minoritarios. Estoy seguro de que usted, amable lector, sabe perfectamente bien que la supresión de los fenómenos antes mencionados solo será posible si contamos con un Estado laico fuerte, en el que todos cumplamos las leyes del país, principalmente aquellos que, al asumir sus cargos públicos, juraron guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan.


Twitter: @armayacastro

Actualmente, la Iglesia católica y algunas iglesias evangélicas impulsan en el Senado de la República la reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (LARCP), el ordenamiento jurídico que reglamenta las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de asociaciones, agrupaciones religiosas, iglesias y culto público.

Manifiesta lo anterior la citada ley en su artículo primero, en donde señala, además, que las normas de la LARCP “son de orden público y de observancia general en el territorio nacional”.

¿Cuál es la pretensión de las iglesias arriba mencionadas? Que en la reforma que están impulsando quede establecido que las asociaciones religiosas pueden colaborar con las instancias de gobierno en temas como construcción de paz y emergencias. Las leyes que establecen el carácter laico del Estado no han podido detener las acciones anti laicas de los ministros de culto y de los servidores públicos que lograron que este cambio se plasmara ya en el reglamento interior de la Secretaría de Gobernación. Ahora quieren más, mucho más, y van por la reforma de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

Alfonso Miranda Guardiola, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), aseguró a principios del pasado mes de julio que la CEM respeta el Estado laico, una institución a la que Bernardo Barrando sustenta “como una estructura jurídicopolítica que no establece una religión oficial”. Lo cierto es que las acciones del titular del órgano que reúne a los más de 100 obispos de México ponen en duda su proclamado respeto a la laicidad del Estado mexicano.

Entiendo perfectamente bien que el Estado laico no es antirreligioso o anticlerical. ¡Y qué bueno que no lo sea!, porque la función del Estado no debe ser a favor ni en contra de ninguna religión. Si actuara en cualquiera de las anteriores direcciones (a favor o en contra) se rompería su naturaleza laica en perjuicio de los derechos humanos de los mexicanos.

Es importante recordar que la pretensión de Benito Juárez y de los liberales que participaron en la creación del Estado laico era la supresión de los privilegios exclusivos de la Iglesia mayoritaria. Estas prerrogativas impedían que en México se establecieran otras religiones, las cuales estaban prohibidas por las constituciones intolerantes que estuvieron vigentes antes de la promulgación de la Constitución liberal de 1857.

Fue esta Carta Magna de ideología liberal, y posteriormente las Leyes de Reforma promulgadas entre 1855 y 1863, las que pusieron fin al Estado confesional, el cual fomenta el abuso de poder y la ignorancia, además de caracterizarse, según palabras de Artola, “por la promulgación de una religión oficial y la financiación pública del culto y la atención de las necesidades del clero…”.

Las leyes que garantizan el carácter laico del Estado y de la educación que en el marco del mismo se imparte son claras; sólo esperan ser respetadas por los funcionarios públicos y por los ministros de culto. Al respecto, Bernardo Barranco acaba de declarar a Expansión Política: “El artículo a letra dice que hay una separación histórica entre el Estado y la Iglesia. El Estado no puede interferir en la vida interna de la Iglesia ni las Iglesia deben intervenir en la agenda pública, en la toma de decisión y en la ejecución de programas gubernamentales y la Cartilla Moral es una iniciativa gubernamental”.

Concluyo mi columna de este día señalando a título personal la necesidad de preservar inalterable los principios de laicidad y separación del Estado y las iglesias. Entiendo que, para preservar estos logros históricos y benéficos para la vida de nuestra querida nación, es importante que el Estado tenga presente la composición plurirreligiosa de México, y que por respeto a ésta se niegue a satisfacer las aspiraciones clericales en materia de educación religiosa, así como aquellas que de un tiempo a la fecha buscan el otorgamiento de concesiones de radio y televisión a las iglesias.

Hoy por hoy México clama por el fin de la discriminación y de la intolerancia religiosa, esos males ancestrales que sólo esperan un pretexto para resurgir violentamente en agravio de los grupos religiosos minoritarios. Estoy seguro de que usted, amable lector, sabe perfectamente bien que la supresión de los fenómenos antes mencionados solo será posible si contamos con un Estado laico fuerte, en el que todos cumplamos las leyes del país, principalmente aquellos que, al asumir sus cargos públicos, juraron guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan.


Twitter: @armayacastro

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