/ viernes 16 de julio de 2021

¿Continúa vigente el contrato social?

De acuerdo con Rousseau, para vivir en sociedad los seres humanos abandonamos el estado de libertad salvaje, renunciando a parte de nuestra libertad para obtener ciertos derechos. En esta teoría política, el Estado es encargado de velar por las condiciones del contrato social. Casi tres siglos han pasado desde la muerte de Rousseau y esta idea se ha complejizado, pero aún permanece. Los seres humanos vivimos en sociedad y tenemos derechos que deberíamos disfrutar todos, y es el Estado el encargado de velar por ello.

Es por ello que, además de conservar el orden, el Estado tiene la obligación de establecer políticas sociales que garanticen a las personas igualdad de circunstancias y el cumplimiento de todos sus derechos. En México, una forma de observar esta acción de gobierno es mediante el gasto social.

Recientemente el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL) publicó el Informe del gasto social en México de 2008-20019. Este informe responde dos preguntas clave: ¿Cuánto recursos destina el gobierno federal para garantizar los derechos sociales de la población? Y ¿en qué acciones?

Específicamente en 2019, el 78.18% del gasto social se dirigió al cumplimiento de los derechos sociales, esto representa 2,591,120 millones de pesos (mdp) para este objetivo. En tanto, en la participación social, el segundo objetivo con más gasto, se invirtió el 8.57% de este rubro. A este objetivo le siguieron el desarrollo regional equilibrado con el 6.71%, el desarrollo económico con el 5.48%, y finalmente el desarrollo sostenible con el 1.06% del gasto social. Esto nos da una idea de las prioridades de la administración actual.

CONEVAL señala que existe disparidad entre la importancia de los objetivos y el monto asignado. Lo que en pocas palabras significa que no estamos invirtiendo en los temas que son prioritarios. En este punto cabría preguntarse: ¿Qué pasa con las personas cuyos derechos son ignorados? ¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento del contrato social? Si el Estado es la institución en la que nos unimos para garantizar el goce de derechos, y esto no es una realidad para todas las personas ¿por qué aquellas personas que no disfrutan de sus derechos, desearían seguir formando parte de este acuerdo?

Nos leemos la siguiente semana y recuerda luchar, luchar siempre, pero siempre luchar, desde espacios más informados, que construyen realidades menos desiguales y pacíficas.

* Coordinador del LID Laboratorio de Innovación Democrática.

De acuerdo con Rousseau, para vivir en sociedad los seres humanos abandonamos el estado de libertad salvaje, renunciando a parte de nuestra libertad para obtener ciertos derechos. En esta teoría política, el Estado es encargado de velar por las condiciones del contrato social. Casi tres siglos han pasado desde la muerte de Rousseau y esta idea se ha complejizado, pero aún permanece. Los seres humanos vivimos en sociedad y tenemos derechos que deberíamos disfrutar todos, y es el Estado el encargado de velar por ello.

Es por ello que, además de conservar el orden, el Estado tiene la obligación de establecer políticas sociales que garanticen a las personas igualdad de circunstancias y el cumplimiento de todos sus derechos. En México, una forma de observar esta acción de gobierno es mediante el gasto social.

Recientemente el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL) publicó el Informe del gasto social en México de 2008-20019. Este informe responde dos preguntas clave: ¿Cuánto recursos destina el gobierno federal para garantizar los derechos sociales de la población? Y ¿en qué acciones?

Específicamente en 2019, el 78.18% del gasto social se dirigió al cumplimiento de los derechos sociales, esto representa 2,591,120 millones de pesos (mdp) para este objetivo. En tanto, en la participación social, el segundo objetivo con más gasto, se invirtió el 8.57% de este rubro. A este objetivo le siguieron el desarrollo regional equilibrado con el 6.71%, el desarrollo económico con el 5.48%, y finalmente el desarrollo sostenible con el 1.06% del gasto social. Esto nos da una idea de las prioridades de la administración actual.

CONEVAL señala que existe disparidad entre la importancia de los objetivos y el monto asignado. Lo que en pocas palabras significa que no estamos invirtiendo en los temas que son prioritarios. En este punto cabría preguntarse: ¿Qué pasa con las personas cuyos derechos son ignorados? ¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento del contrato social? Si el Estado es la institución en la que nos unimos para garantizar el goce de derechos, y esto no es una realidad para todas las personas ¿por qué aquellas personas que no disfrutan de sus derechos, desearían seguir formando parte de este acuerdo?

Nos leemos la siguiente semana y recuerda luchar, luchar siempre, pero siempre luchar, desde espacios más informados, que construyen realidades menos desiguales y pacíficas.

* Coordinador del LID Laboratorio de Innovación Democrática.