Si bien la cifra de 13,273 accidentes viales durante el 2019 se queda por debajo de los más de 18 mil registrados en el 2018, y con lo cual la tendencia es a la baja, lo cierto es que la mayoría de los accidentes de menor cuantía, es decir los denominados “choques lamineros”, tienen una significación desproporcional por las decenas de choques ligeros siniestrados durante las horas de mayor complejidad vial y, por lo tanto, se convierten en el factor de caos vial más influyente en el aumento de contaminación atmosférica y de la lentitud generada en la inmovilidad vial.
Lo anterior, aún sin agregar las más de 14 obras en proceso en vialidades que, si bien habrán de mejorar la infraestructura en todos los sentidos sobre la carpeta asfáltica, todos ellos, junto a la intervención de obra pública y los múltiples siniestros menores de mayor cuantía, significan una tremenda inmovilidad ante la ausencia de cultura vial, y presencia de la autoridad para agilizar la liberación de las vías de conformidad a lo establecido en el artículo 153 del Reglamento de la Ley General de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco el cual establece en su inciso a) que: “… si todos los vehículos están en condiciones de circular y ninguno de los conductores presenta síntomas de estar bajo el influjo de alcohol, drogas, estupefacientes o psicotrópicos y no hubiera daños al municipio, estado, federación o terceros, las partes los moverán a una zona segura … con el objeto de que no represente un mayor riesgo para ellos u otros sujetos de la movilidad …”, lo cual se interpreta, por añadidura, la intención de salvaguardar la integridad de todos los ciudadanos, involucrados o no en el siniestro por encima del costo de los daños materiales a valorar y luego a proceder contra los responsables. Para lo cual, el mismo reglamento, más adelante agrega “… las partes podrán solicitar la presencia de la policía vial estatal…, o en su caso la Policía de Tránsito Municipal, la cual mediaría entre las partes a efectos de deslindar responsabilidad y conminarlos a llegar a un acuerdo que garantice la reparación del daño”.
Más allá de la obligatoriedad legal, el daño representado por el acto de interrumpir el flujo normal, resulta para la ciudad un costo desproporcionalmente superior si tan sólo sumamos el caos vial generado por esos pequeños siniestros; la pérdida de horas hombre en el caos vial generado; el aumento de consumo de combustible al mantener los vehículos automotores casi parados en esas arterias generalmente colectoras; la insalubridad mental por el estrés generado tal vez sea el de mayores consecuencias de impacto impredecible para la salud integral de todos los que cohabitamos en esta mega mancha urbana.
Así que, al final, el único beneficiario de ese caos vial con tantos daños colaterales resulta, sin duda alguna, la compañía de seguros que, debiendo asumir los costos de las consecuencias, simplemente pone a trabajar a ciudadanos, medios de comunicación y funcionarios de vialidad en el cuidado de sus privados intereses económicos.
* Académico del CUAAD de la Universidad de Guadalajara
Correo: carlosm_orozco@hotmail.com
