/ miércoles 20 de octubre de 2021

Caterva de rufianes

La salud es un derecho constitucionalmente reconocido y reglamentado y no puede ser objeto de ningún tipo de restricciones. El artículo 1 de la Carta Magna dice que "En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

El marco legal sobre el tema, se complementa con lo que dispone el artículo 4º cuarto párrafo del máximo ordenamiento legal de nuestro país, que dice: "Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social"

Todos los funcionarios públicos, invariablemente, al momento de iniciar el desempeño de sus cargos, rinden la consabida protesta de ley en la que se comprometen a cumplir y hacer la constitución y sus leyes emanadas y desempeñar leal y patrióticamente sus cargos, con la monición de que si así no lo hicieren la Nación se los demande.

Compromiso inútil, porque la gran mayoría apenas alcanzan la meta futil de vivir del presupuesto, se olvidan de la promesa y se convierten en becerros que son buenos para beber la leche que emana de las ubres del erario, a costa, claro, de los ciudadanos, tanto de los insensatos que los eligieron, como de los más sensatos que no lo hiciero pero de todas formas los gobiernan en los casos de puestos de elección popular, y en el caso de los designados, que viven con el deber lacayuno de servir a quien los nombró.

Este sistemita viciado y anquilosado es el que permite esos abusos criminales como el que se ha puesto en evidencia en el Almacén Central de la Secretaría de Salud del Gobierno de la CDMX, presentado en el noticiero AZUCENA POR MILENIO la noche del 19 de octubre, donde se encontraron cientos o quizá miles de medicamentos de todo tipo y para el combate de diversas enfermedades que recién han caducado porque nunca de distribuyeron y otros más que se echaron a perder por estar almacenados en un ambiente insalubre lleno de excremento, de roedores y porquería, mientras cientos de niños mexicanos con padecimientos cancerígenos claman por medicamentos, que están allí, echados a perder por la infamia de alguien.

El desabasto de medicinas es un acto criminal intolerable; por ningún motivo se justifica negar a los mexicanos la medicina a la que tienen derecho y consituye un crimen de lesa humanidad agravar sus condiciones e incluso provocarles indirectamente la muerte por sus sucias y burdas maniobras pseudopolíticas, que solo pueden concebirse en mentes desviadas por la ambición de poder, por la sed de venganza y la perversa intención de hacer negocios a costa de la vida de los otros.

A quienes escondieron irresponsablemente esos medicamentos, por respeto a los lectores, amablemente les llamaré: ¡Caterva de rufianes!

* Doctor en Derecho

La salud es un derecho constitucionalmente reconocido y reglamentado y no puede ser objeto de ningún tipo de restricciones. El artículo 1 de la Carta Magna dice que "En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

El marco legal sobre el tema, se complementa con lo que dispone el artículo 4º cuarto párrafo del máximo ordenamiento legal de nuestro país, que dice: "Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social"

Todos los funcionarios públicos, invariablemente, al momento de iniciar el desempeño de sus cargos, rinden la consabida protesta de ley en la que se comprometen a cumplir y hacer la constitución y sus leyes emanadas y desempeñar leal y patrióticamente sus cargos, con la monición de que si así no lo hicieren la Nación se los demande.

Compromiso inútil, porque la gran mayoría apenas alcanzan la meta futil de vivir del presupuesto, se olvidan de la promesa y se convierten en becerros que son buenos para beber la leche que emana de las ubres del erario, a costa, claro, de los ciudadanos, tanto de los insensatos que los eligieron, como de los más sensatos que no lo hiciero pero de todas formas los gobiernan en los casos de puestos de elección popular, y en el caso de los designados, que viven con el deber lacayuno de servir a quien los nombró.

Este sistemita viciado y anquilosado es el que permite esos abusos criminales como el que se ha puesto en evidencia en el Almacén Central de la Secretaría de Salud del Gobierno de la CDMX, presentado en el noticiero AZUCENA POR MILENIO la noche del 19 de octubre, donde se encontraron cientos o quizá miles de medicamentos de todo tipo y para el combate de diversas enfermedades que recién han caducado porque nunca de distribuyeron y otros más que se echaron a perder por estar almacenados en un ambiente insalubre lleno de excremento, de roedores y porquería, mientras cientos de niños mexicanos con padecimientos cancerígenos claman por medicamentos, que están allí, echados a perder por la infamia de alguien.

El desabasto de medicinas es un acto criminal intolerable; por ningún motivo se justifica negar a los mexicanos la medicina a la que tienen derecho y consituye un crimen de lesa humanidad agravar sus condiciones e incluso provocarles indirectamente la muerte por sus sucias y burdas maniobras pseudopolíticas, que solo pueden concebirse en mentes desviadas por la ambición de poder, por la sed de venganza y la perversa intención de hacer negocios a costa de la vida de los otros.

A quienes escondieron irresponsablemente esos medicamentos, por respeto a los lectores, amablemente les llamaré: ¡Caterva de rufianes!

* Doctor en Derecho

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