/ jueves 22 de julio de 2021

Autonomía municipal o impunidad municipal

Jorge Chaires Zaragoza*

El sistema de reparto de competencias en México está determinado por algunos principios constitucionales que ya no se ajustan a la realidad del país. Algunos de ellos son simples mitos que impiden analizar objetivamente su efectividad. Es el caso del municipio libre o la autonomía municipal, que se defienden como dogmas religiosos.

Se parte de una premisa que de antemano se considera como válida, en donde los municipios deben ser libres y autónomos porque así lo establece la Constitución. Sin embargo, estos principios se han malentendido y más bien se utilizan como subterfugio político-jurídicos para encubrir la impunidad que impera en la gran mayoría de los ayuntamientos del país, sino es que en todos.

Se debe tener en cuenta, como lo refiere el jurista español Alejandro Nieto, que “autonomía sin responsabilidad ni control es puro desgobierno”.

Durante mucho tiempo se consideró que autonomía municipal implicaba el autocontrol. “El que a sí mismo se determina, a sí mismo se limita”, afirmaba Georg Jellinek, a principios del siglo pasado.

Ley de Coordinación Fiscal estipulaba que los recursos públicos federales transferidos a los municipios se consideraban como “recursos propios”, lo cual se entendía que los municipios no podían ser fiscalizados por alguien externo y en un acto de simulación crearon sus propias contralorías internas.

Se afirma que es un acto de simulación, en primer lugar, porque ellos mismos eligen a los titulares y, en segundo lugar, porque muchos de los municipios ni siquiera cuentan con órganos de control.

Fue necesario romper muchos tabús para poder comprender que la autonomía municipal no podía ser absoluta, sino que debía entenderse de una manera restrictiva, disociando los distintos conceptos de autonomía, por ejemplo, política, administrativa, fiscal, etc. La libre administración hacendaria no podía llegar a ser tal libre, sino que tenía que apegarse a lo señalado por la propia Constitución federal.

Han pasado ya más de 20 años y el problema del desvió de recursos públicos en los municipios sigue siendo un grave problema. Los órganos de control externo (auditorías superiores tanto federal como estatal), no tienen el suficiente personal para fiscalizar a todos los municipios y todos los recursos, sino que se reduce a una pequeña muestra representativa.

Cuánto tiempo tiene que pasar para que nos demos cuenta que los municipios no tienen ni la capacidad ni la voluntad para fiscalizar de manera adecuada el ejercicio de los recursos públicos que ejercen. Es tiempo ya de que superemos la eterna utopía de que los municipios pueden autorregularse y autocontrolarse. Debemos superar el concepto absoluto de la autonomía municipal, que solo nos ha generado un autismo académico que nos ha impedido encontrar nuevas fórmulas para combatir la corrupción.

En España se percataron que uno de los principales problemas de la corrupción se centraba en los municipios, quienes al igual que México gozan de autonomía constitucional. Para evitar el mal manejo de los recursos públicos, se dispuso la creación de la Intervención General de la Administración del Estado, una instancia de carácter nacional responsable de la selección, formación y habilitación de los interventores, quienes son los responsables de revisar el ejercicio de los recursos públicos de los municipios, así como el imponer sanciones en casos graves.

¿Se puede pensar en un diseño similar pero creado por el gobierno estatal, a fin de romper, por un lado, con la red de dependencia y sumisión de los titulares


* Integrante del Observatorio sobre Seguridad y Justicia


Jorge Chaires Zaragoza*

El sistema de reparto de competencias en México está determinado por algunos principios constitucionales que ya no se ajustan a la realidad del país. Algunos de ellos son simples mitos que impiden analizar objetivamente su efectividad. Es el caso del municipio libre o la autonomía municipal, que se defienden como dogmas religiosos.

Se parte de una premisa que de antemano se considera como válida, en donde los municipios deben ser libres y autónomos porque así lo establece la Constitución. Sin embargo, estos principios se han malentendido y más bien se utilizan como subterfugio político-jurídicos para encubrir la impunidad que impera en la gran mayoría de los ayuntamientos del país, sino es que en todos.

Se debe tener en cuenta, como lo refiere el jurista español Alejandro Nieto, que “autonomía sin responsabilidad ni control es puro desgobierno”.

Durante mucho tiempo se consideró que autonomía municipal implicaba el autocontrol. “El que a sí mismo se determina, a sí mismo se limita”, afirmaba Georg Jellinek, a principios del siglo pasado.

Ley de Coordinación Fiscal estipulaba que los recursos públicos federales transferidos a los municipios se consideraban como “recursos propios”, lo cual se entendía que los municipios no podían ser fiscalizados por alguien externo y en un acto de simulación crearon sus propias contralorías internas.

Se afirma que es un acto de simulación, en primer lugar, porque ellos mismos eligen a los titulares y, en segundo lugar, porque muchos de los municipios ni siquiera cuentan con órganos de control.

Fue necesario romper muchos tabús para poder comprender que la autonomía municipal no podía ser absoluta, sino que debía entenderse de una manera restrictiva, disociando los distintos conceptos de autonomía, por ejemplo, política, administrativa, fiscal, etc. La libre administración hacendaria no podía llegar a ser tal libre, sino que tenía que apegarse a lo señalado por la propia Constitución federal.

Han pasado ya más de 20 años y el problema del desvió de recursos públicos en los municipios sigue siendo un grave problema. Los órganos de control externo (auditorías superiores tanto federal como estatal), no tienen el suficiente personal para fiscalizar a todos los municipios y todos los recursos, sino que se reduce a una pequeña muestra representativa.

Cuánto tiempo tiene que pasar para que nos demos cuenta que los municipios no tienen ni la capacidad ni la voluntad para fiscalizar de manera adecuada el ejercicio de los recursos públicos que ejercen. Es tiempo ya de que superemos la eterna utopía de que los municipios pueden autorregularse y autocontrolarse. Debemos superar el concepto absoluto de la autonomía municipal, que solo nos ha generado un autismo académico que nos ha impedido encontrar nuevas fórmulas para combatir la corrupción.

En España se percataron que uno de los principales problemas de la corrupción se centraba en los municipios, quienes al igual que México gozan de autonomía constitucional. Para evitar el mal manejo de los recursos públicos, se dispuso la creación de la Intervención General de la Administración del Estado, una instancia de carácter nacional responsable de la selección, formación y habilitación de los interventores, quienes son los responsables de revisar el ejercicio de los recursos públicos de los municipios, así como el imponer sanciones en casos graves.

¿Se puede pensar en un diseño similar pero creado por el gobierno estatal, a fin de romper, por un lado, con la red de dependencia y sumisión de los titulares


* Integrante del Observatorio sobre Seguridad y Justicia