Me parece obligado el aplauso cerrado para el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, quien sostuvo una posición muy decorosa para la institución que preside, así como la postura de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, quienes se solidarizaron con dicho titular, al sostener que, la única función de los jueces es, defender los derechos humanos y la Constitución, lo anterior derivado de las expresiones del almirante, José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina, quien el pasado viernes, desde la mañanera, reprochó públicamente que, “…pareciera ser que, el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial...” refiriéndose al actuar de algunos jueces y ministerios públicos.
Lo que el almirante, José Rafael Ojeda Durán no dijo, situado ya en el contexto del actuar indebido de algunos servidores públicos es que, el presidente de la república liberó a un narcotraficante, en medio de un operativo erróneo, fallido, desplegado por las fuerzas armadas, situación que al parecer, obligó a López Obrador a ordenar la liberación de Ovidio Guzmán; y con este razonamiento de soberbia y falsa bondad de evitar tantas muertes de civiles, las que él suponía se concretarían, tratar de justificarse de semejante barbaridad jurídica, pues cierto es que con su proceder, cometió el delito de evasión de presos, conducta delictiva tipificada como un delito grave en el Código Penal Federal y por la que, el palero Congreso de la Unión ya lo debería de estar procesando, así como lo presumió ante la farsa de la que también fue partícipe, respecto a esa mentada ley, a través de la cual, aparentemente ya se podría juzgar al presidente de la república por cualquier tipo de delito y no tan sólo por el de traición a la patria, que dicho sea de paso, las constantes violaciones a la Constitución por parte del ejecutivo federal, después de la protesta que rindió ante el Congreso, son sin duda una evidente traición a la patria.
Como jalisciense, sólo pediría a los presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Unión y del Consejo de la Judicatura Federal que, a la par de conocimientos, se designen magistrados y jueces sin amor al dinero salarial, el que resulta ser sobrado ante la pírrica justicia que actualmente se ministra, a distancia y también con una distancia muy marcada entre la sociedad y dichos jueces y magistrados.
Aquí en Jalisco la administración de justicia trata de concretarse, mediante un desempeño muy tibio y extraordinariamente dilatado, siendo una constante, la actitud de soberbia de algunos servidores públicos, cuando se trata de atender a los demandantes de la justicia, quienes son citados en fechas muy distantes para estar en condiciones de ser atendidos como postulantes, interesados en alguno de los juicios que se ventilan en esas instancias, por lo que urge que los presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, mantengan esa actitud digna y decorosa para que revista al resto de los niveles del Poder Judicial Federal y lograr restablecer la estabilidad del país, pues es la institución que, en su buen desempeño, garantiza la paz social y el orden constitucional por el que tanta sangre se derramó en nuestra patria para estar en posibilidades de lograr su promulgación.
No debemos acostumbrarnos al derramamiento de sangre, resultado de la criminalidad, quien gobierna sin opositores, derramamiento que ocurre en la más absoluta impunidad a lo largo y ancho de nuestro país, tolerada por los ejecutivos federal, estatales y municipales, ya que los abrazos no han logrado frenarla y aquí en Jalisco, existe una institución forense totalmente desvencijada, desatendida por su titular, desinteresado de allegarle de lo necesario y suficiente para hacerla una institución, realmente útil al ministerio público y sólo entonces, el órgano ministerial, cuente con los elementos jurídicos suficientes para acreditar ante el órgano jurisdiccional que, las acusaciones e imputaciones que formula, encuentran un sustento jurídico incuestionable.
Considero que, es obligación de todo postulante bien nacido, el reconocer la postura actual del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues su posicionamiento dignifica esa facultad que le ha sido delegada por la Constitución, obligándole además a impedir que sea manipulada indebidamente por terceros, en lo que es experto el ejecutivo federal.
* Director del Observatorio Académico de Justicia y Seguridad Pública de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara.
