/ miércoles 15 de abril de 2020

Abramos el debate

La discusión sobre el pacto fiscal que tenemos en México había cobrado relevancia en los últimos meses en voces de algunos gobernadores y un senador de oposición al gobierno federal. En Jalisco, el tema se tornó importante este fin de semana cuando los empresarios hicieron una propuesta para que el gobierno de López Obrador convoque a la discusión y actualización de dicho pacto, planteamiento que el gobernador, Enrique Alfaro, respaldó.

Este pacto o convenio fiscal que desde hace 40 años -con sus modificaciones a través del tiempo- firmaron los estados de la República, es el sistema en el que se establecen las formas de participación de los tres órdenes de gobierno en la recaudación de los impuestos y la redistribución de esos ingresos. Hoy lo vemos obsoleto y desigual pues, como se argumenta en el caso de Jalisco, somos una de las entidades federativas con mayor productividad y por consecuencia con un porcentaje alto de contribución al PIB, pero con baja asignación en las aportaciones y participaciones.

Coincido en lo desequilibrado que hoy resulta este convenio, sin embargo, estoy convencido de que salirnos de este acuerdo no es la ruta pertinente. Los estados no estamos preparados para enfrentar y solventar el gasto público sin esa redistribución de lo recaudado desde la federación porque actualmente, por ley, no podemos cobrar ninguno de los impuestos federales con mayor alcance tributario -IVA, ISR, IEPS-. Lo que hoy debemos poner en discusión, y cito al Doctor Javier Hurtado, son las competencias y facultades que tienen los estados para recaudar y la autonomía para decidir en qué gastamos, ya que éstas han sido cada vez más un asunto y beneficio del gobierno federal y cada vez menos de las entidades.

También es un tema de asumir obligaciones como Estado recaudador. Históricamente, las entidades han dejado de lado estos deberes por cuestiones políticas, por no ser vistos como el “cobrador” y porque fue más fácil delegar la responsabilidad y solo ser receptores de dinero. Es la oportunidad de demostrar que los estados no somos incapaces de recaudar y administrar nuestros impuestos.

El panorama es difícil cuando el partido en el poder mantiene una visión centralista de nuestro país y tiene mayoría en el Congreso de la Unión y en más de la mitad de los congresos locales. Es complejo cuando esta renegociación de facultades y competencias es un debate impostergable, pero estamos en medio de una crisis sanitaria. Hoy, a pesar de esta exigencia de algunos gobernadores, soy de la idea de que este no puede ser la discusión principal, no cuando causa más incertidumbre de la que ya padece la población. Abrir el debate acerca del pacto fiscal (aunado al federal) y poner sobre la mesa una conversación seria y profunda, es a donde debemos de transitar.

La discusión sobre el pacto fiscal que tenemos en México había cobrado relevancia en los últimos meses en voces de algunos gobernadores y un senador de oposición al gobierno federal. En Jalisco, el tema se tornó importante este fin de semana cuando los empresarios hicieron una propuesta para que el gobierno de López Obrador convoque a la discusión y actualización de dicho pacto, planteamiento que el gobernador, Enrique Alfaro, respaldó.

Este pacto o convenio fiscal que desde hace 40 años -con sus modificaciones a través del tiempo- firmaron los estados de la República, es el sistema en el que se establecen las formas de participación de los tres órdenes de gobierno en la recaudación de los impuestos y la redistribución de esos ingresos. Hoy lo vemos obsoleto y desigual pues, como se argumenta en el caso de Jalisco, somos una de las entidades federativas con mayor productividad y por consecuencia con un porcentaje alto de contribución al PIB, pero con baja asignación en las aportaciones y participaciones.

Coincido en lo desequilibrado que hoy resulta este convenio, sin embargo, estoy convencido de que salirnos de este acuerdo no es la ruta pertinente. Los estados no estamos preparados para enfrentar y solventar el gasto público sin esa redistribución de lo recaudado desde la federación porque actualmente, por ley, no podemos cobrar ninguno de los impuestos federales con mayor alcance tributario -IVA, ISR, IEPS-. Lo que hoy debemos poner en discusión, y cito al Doctor Javier Hurtado, son las competencias y facultades que tienen los estados para recaudar y la autonomía para decidir en qué gastamos, ya que éstas han sido cada vez más un asunto y beneficio del gobierno federal y cada vez menos de las entidades.

También es un tema de asumir obligaciones como Estado recaudador. Históricamente, las entidades han dejado de lado estos deberes por cuestiones políticas, por no ser vistos como el “cobrador” y porque fue más fácil delegar la responsabilidad y solo ser receptores de dinero. Es la oportunidad de demostrar que los estados no somos incapaces de recaudar y administrar nuestros impuestos.

El panorama es difícil cuando el partido en el poder mantiene una visión centralista de nuestro país y tiene mayoría en el Congreso de la Unión y en más de la mitad de los congresos locales. Es complejo cuando esta renegociación de facultades y competencias es un debate impostergable, pero estamos en medio de una crisis sanitaria. Hoy, a pesar de esta exigencia de algunos gobernadores, soy de la idea de que este no puede ser la discusión principal, no cuando causa más incertidumbre de la que ya padece la población. Abrir el debate acerca del pacto fiscal (aunado al federal) y poner sobre la mesa una conversación seria y profunda, es a donde debemos de transitar.