Óscar Ábrego
La semana pasada la bancada de Morena insistió en la necesidad de que los titulares de la Contraloría del Estado y la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, Teresa Brito Serrano y Gerardo de la Cruz Tovar, respectivamente, comparezcan ante el Poder Legislativo para conocer los avances en la investigación del programa denominado “A Toda Máquina”, en virtud de las descaradas evidencias que ha arrojado el trabajo periodístico realizado por reporteros de un diario local.
Al respecto, la nueva coordinadora de esta fracción parlamentaria, Érika Pérez García, dijo: “Desde que se presentó la demanda (en realidad es denuncia), tanto de nosotros como de los otros partidos políticos, no hemos visto ninguna prueba afirmativa, no hemos visto absolutamente nada del fiscal, es lo que nos tiene un poquito intranquilos”.
Por supuesto que a la luz de las serias (por no decir sospechosas) inconsistencias que formaron parte del proceso de licitación del mencionado negocio, lo cierto es que tanto morenistas como los integrantes de los demás grupos partidistas, deben apuntar su causa hacia otra dirección: la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
A lo largo de esta historia, la única entidad del Gobierno estatal que ha abordado con dignidad este caso es la Contraloría, algo que no podemos afirmar de otras instancias; sin embargo, lo que llama poderosamente la atención, es que se coloque en último sitio de la lista de convocados a Alberto Esquer Gutiérrez, responsable de la Sader, y quien junto con los hermanos Jorge y Carlos Salinas Osornio, (éste último, director de Vinculación e Inteligencia Comercial) tiene mucho que decir sobre este asunto tan oscuro.
Como primer interesado en que “A Toda Máquina” dé resultados específicos en el agro jalisciense, Esquer Gutiérrez está obligado a demostrar su pertinencia, de ahí que en principio hay algunas dudas que él y su equipo deben responder con claridad y suficiencia documental.
¿Quién desarrolló el proyecto ejecutivo que justifica un gasto de más tres mil 600 millones de pesos? ¿Se concursó entre varios despachos especializados la elaboración de dicho documento? De haber sido así, ¿cuál fue el costo por el mentado servicio? Más aún, ¿se desarrollaron bitácoras de uso y manejo de la maquinaría? ¿Hay evidencia de la capacitación y entrenamiento a los operadores? ¿Dónde están o quién posee los protocolos y cronogramas de operación? ¿Cuáles son los objetivos concretos que se persiguen en cada uno de los municipios a los que les fue entregada la maquinaria? ¿Es cierto que hay equipos que han sido utilizados en tareas que nada tienen que ver con el sector agroalimentario? ¿Es verdad que no existen manuales de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, a disposición de los operarios de las unidades? ¿Cuál es el porcentaje de avance en los trabajos relativos a cada una de las regiones productivas de Jalisco?
Estas y otras preguntas deben ser resueltas no sólo ante el cuerpo legislativo, sino de frente a una sociedad que merece conocer los pormenores de un tema que se convirtió en el sello distintivo del gobierno anaranjado.
