Hace más de 30 años que se celebró en Argentina aquel Encuentro Feminista Latinoamericano que terminaría por establecer el 28 de septiembre como el el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto. Fue en 1990 que esta fecha se convirtió en un símbolo de la lucha por uno de los pilares de los derechos sexuales y reproductivos: el derecho a decidir.
Este año, y en particular este mes, en nuestro país se han discutido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación distintos artículos que han derivado en resoluciones encaminadas al reconocimiento y garantía estatales de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su propio cuerpo, sobre si desean o no continuar con su embarazo, sobre si desean maternar o no y cuándo hacerlo. La Corte determinó que es inconstitucional criminalizar el aborto y que si bien el producto de la gestación protección que incrementa en el tiempo a medida que avanza el embarazo, dicha protección no puede desconocer los derechos de las mujeres y personas gestantes a la libertad reproductiva. Además de ello, sostuvo que el derecho a la vida desde el momento de la concepción no sólo porque las entidades federativas carecen de competencia para definir el origen de la vida humana sino porque la pretensión de otorgar el estatus de persona al embrión o feto y, a partir de ello, adoptar medidas restrictivas del derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres y las personas gestantes, resultaba inconstitucional. Y finalmente, que la objeción de conciencia si bien puede ser ejercida , no puede poner en riesgo los derechos humanos de otras personas, en especial el derecho a la salud.
Con estos precedentes y específicamente en el marco del 28S es que en nuestro estado podemos pensar no solo en la despenalización (porque eso ya lo dijo la Corte), sino que podemos ir más allá, podemos legislar en favor de garantizar que las interrupciones en Jalisco formen parte de una estrategia integral de política pública que atienda el asunto, porque criminalizar la práctica no la elimina, solo la hace más insegura, estigmatiza y ensancha aún más las brechas de desigualdad porque las condiciones en las que ocurre la práctica depende del precio que se pueda pagar.
Las feministas no promovemos el aborto. Ojalá ninguna tuviera que pasar por un embarazo no deseado, ojalá todas las maternidades fueran deseadas. Pero la realidad supera al anhelo y sabemos que en el fondo se trata de una decisión sumamente personal y que más allá de emitir un juicio moralino o con bases espirituales al respecto, el papel del Estado debería ser garantizar el derecho a la salud, a la libre determinación y desarrollo de la personalidad, en resumen: el derecho a decidir. Y cuando hablamos del tema, lo hacemos entendiendo las múltiples aristas que configuran este prisma. Por eso el lema “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, libre, seguro y gratuito para no morir”.
Esta edición del 28S seguro se vivirá con un ánimo especial, yo lo tengo, yo lo siento, porque como nunca antes vislumbramos un cambio de paradigma legal y jurídico, uno en el que es posible trazar nuevos horizontes, formas menos opresivas, menos punitivas, menos estigmatizantes, porque aunque hay a muchos que se les olvida, los derechos de las mujeres son también derechos humanos y porque avanzar en el reconocimiento de nuestros derechos es dar un paso más por la igualdad y la justicia.
* Vicepresidenta de Hagamos
